Un seguro para financiar el coste de la incapacidad
El aumento de la esperanza de vida, una buena noticia en sí misma, supone un desafío para la asistencia a los mayores, casi siempre responsabilidad de las familias. De cada 100 horas de cuidados que reciben esas personas, 88 proceden de sus parientes y sólo 12 corresponden a cuidadores de los sistemas públicos de asistencia. Así lo aseguró ayer el geriatra Juan Manuel Martínez Gómez, responsable de la rama de servicios sociosanitarios de la empresa Eulen, en unas jornadas sobre los retos del envejecimiento.
En España, más de seis millones y medio de personas (el 16,2% de la población) h...
El aumento de la esperanza de vida, una buena noticia en sí misma, supone un desafío para la asistencia a los mayores, casi siempre responsabilidad de las familias. De cada 100 horas de cuidados que reciben esas personas, 88 proceden de sus parientes y sólo 12 corresponden a cuidadores de los sistemas públicos de asistencia. Así lo aseguró ayer el geriatra Juan Manuel Martínez Gómez, responsable de la rama de servicios sociosanitarios de la empresa Eulen, en unas jornadas sobre los retos del envejecimiento.
En España, más de seis millones y medio de personas (el 16,2% de la población) han cumplido los 65 años. Cada mes, 36.000 hombres y mujeres superan ese umbral del calendario. En 2020 rondarán los ocho millones, de los que una cuarta parte tendrán más de 80 años.
Precisamente entre los octogenarios, un grupo cada vez más amplio, se dispara el número de personas que no pueden valerse por sí mismas. Atenderlas implica un coste creciente y que aún no está claro cómo afrontar. La implantación de un seguro de dependencia es la opción que se maneja con fuerza.
El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) ya ha elaborado un estudio sobre la futura ley de protección económica a la dependencia. 'Tiene que haber una protección del Estado, un seguro público de dependencia que podría ser complementario con el privado, o viceversa', apunta el director general del organismo, Alberto Galerón.
El próximo destinatario del informe, ahora en manos del ministro de Trabajo, serán los partidos que forman el Pacto de Toledo, dedicado a estudiar la viabilidad de las pensiones públicas. Deberán opinar sobre la conveniencia de establecer el seguro de dependencia y su carácter. La última palabra será del Parlamento.
Las compañías aseguradoras están a la espera de la decisión. Pero tienen clara una cosa: si el seguro es obligatorio, será barato. En caso contrario, el precio desanimaría a muchos interesados. Es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde ese tipo de pólizas resultan muy onerosas y, por ello, tienen pocos clientes.
'El establecimiento de un seguro de dependencia, público o privado, permitiría mayor financiación y ahorro. También facilitaría la creación de nuevas ofertas de servicios y de puestos de trabajo', señaló ayer el director general de Winterthur Salud, Jordi Rivera. El responsable de esta aseguradora apostó por un sistema mixto (público y privado) 'con buen trato fiscal' y por una normativa armonizada en toda España.