El Gobierno comunica a las 17 autonomías los límites de su participación en organismos europeos

El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, en una carta dirigida a los 17 presidentes autonómicos, aclara los límites de la participación de las comunidades en foros internacionales y aclara que su nivel de presencia debe respetar las competencias exclusivas del Estado en dicha materia y la facultad que la Constitución le atribuye para dirigir la política exterior. Dicha carta, exploratoria de la Ley de Cooperación autonómica que el Ejecutivo pretende aprobar el próximo año, plantea decenas de preguntas. Entre ellas, si los presidentes aceptan la consulta previa a la Administració...

El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, en una carta dirigida a los 17 presidentes autonómicos, aclara los límites de la participación de las comunidades en foros internacionales y aclara que su nivel de presencia debe respetar las competencias exclusivas del Estado en dicha materia y la facultad que la Constitución le atribuye para dirigir la política exterior. Dicha carta, exploratoria de la Ley de Cooperación autonómica que el Ejecutivo pretende aprobar el próximo año, plantea decenas de preguntas. Entre ellas, si los presidentes aceptan la consulta previa a la Administración central sobre leyes autonómicas.

La reunión que ayer mantuvieron en Pamplona el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, y el presidente del Gobierno navarro, Miguel Sanz, inició la ronda de conversaciones que el Gobierno celebrará con los presidentes o consejeros de las 17 autonomías en las próximas semanas para tratar de consensuar una Ley de Cooperación autonómica. La norma trataría de regular múltiples aspectos pendientes de las relaciones del Estado con las autonomías y de éstas entre sí. La negociación ha venido precedida de una carta que Posada envió el pasado 4 de septiembre a los 17 presidentes autonómicos y en la que, en forma de cuestionario, plantea las propuestas del Gobierno y una serie de interrogantes a los dirigentes regionales. Éstas son las principales propuestas:

- Política exterior. La carta de Posada señala que 'las relaciones en la Unión Europea son entre estados' y que, por tanto, la participación autonómica 'debe respetar las competencias exclusivas del Estado en materia de relaciones internacionales y la facultad que la Constitución atribuye al Gobierno para la dirección de la política exterior'. Con estas limitaciones, Posada pregunta a las comunidades si cree necesario que se modifique su actual fórmula de participación a través de las conferencias sectoriales.

- Lealtad constitucional. El Gobierno propone una 'mayor concreción' del 'principio de cooperación leal interinstitucional' entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central y su 'reforzamiento jurídico'. La carta adelanta que 'los resultados del deber recíproco de colaboración puedan tener consecuencias jurídicas'.

- Cooperación normativa. El Gobierno plantea a los 17 presidentes autonómicos si 'estiman conveniente incluir en la Ley de Cooperación la posibilidad de que las autonomías sometan a informe o consulta de la Administración General del Estado sus proyectos normativos, desde la perspectiva de la distribución de competencias entre el Estado y las autonomías'. También abre Posada la posibilidad de que los proyectos de leyes estatales que incidan sobre competencias autonómicas sean sometidos a consulta en las conferencias sectoriales.

- Conferencia de presidentes. El Gobierno propone aumentar la coordinación entre las comunidades. Posada consulta la posibilidad de crear la Conferencia de los presidentes autonómicos como mecanismo clave de cooperación autonómica.

- Comisiones bilaterales. La carta de Posada plantea reforzar las conferencias sectoriales, de carácter multilateral, y reducir las comisiones bilaterales, entre el Gobierno y cada comunidad autónoma. Propone, por ejemplo, la posibilidad de que las conferencias sectoriales adopten acuerdos por votación y que sean vinculantes para todas las comunidades autónomas. Con este procedimiento, en 1996 todas las comunidades hubieran tenido que asumir el modelo de financiación, que tres de ellas rechazaron. En cuanto a las comisiones bilaterales, plantea la posibilidad de que se reduzca a una sola por comunidad. 'Ante la proliferación sectorial de comisiones bilaterales, ¿debería considerarse la necesidad de una sola Comisión bilateral que se reuniese con más frecuencia?'.