Tribuna:

Cataluña 'on line'

Cataluña, como cualquier otro país del mundo, debe plantearse la nueva sociedad de la información como un reto y como una oportunidad. Como un reto porque quedar al margen representaría un retroceso importante para el país, en términos de bienestar material y en términos de cohesión social. Pero también nos lo debemos plantear como una gran oportunidad para poder dar un salto adelante y situarnos en una posición de liderazgo a nivel internacional.

Es en este doble sentido que la sociedad catalana está haciendo un gran esfuerzo, a partir de la existencia de un cierto consenso tácito, par...

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Cataluña, como cualquier otro país del mundo, debe plantearse la nueva sociedad de la información como un reto y como una oportunidad. Como un reto porque quedar al margen representaría un retroceso importante para el país, en términos de bienestar material y en términos de cohesión social. Pero también nos lo debemos plantear como una gran oportunidad para poder dar un salto adelante y situarnos en una posición de liderazgo a nivel internacional.

Es en este doble sentido que la sociedad catalana está haciendo un gran esfuerzo, a partir de la existencia de un cierto consenso tácito, para avanzar en las múltiples facetas que plantea la nueva sociedad. Las empresas intentando recuperar un cierto retraso inicial; las universidades integrando las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) a sus sistemas de enseñanza y a sus trabajos de investigación; las familias haciendo un esfuerzo económico y de dedicación de los padres para que sus hijos dispongan de un ordenador en casa. En fin, la sociedad catalana en general, es decir las personas, han decidido que se trata de un tema importante y que merece la pena realizar un esfuerzo para adaptarse a la nueva sociedad.

Administraciones públicas y sociedad civil acordaron las acciones que se debían desarrollar para hacer frente al reto de la sociedad de la información

Mientras tanto, nos podemos preguntar qué está haciendo la Administración catalana, es decir, Administración local y Generalitat.

Durante el año 1998, el Gobierno de la Generalitat, a través del entonces Comisionado para la Sociedad de la Información, y el Consorcio Localret que agrupa a la mayoría de los ayuntamientos catalanes, pactaron la realización conjunta de un Plan Estratégico para la Sociedad de la Información, que pasó a llamarse Catalunya en Xarxa. En realidad, dada la amplia participación de representantes de la sociedad civil catalana, se trató de un pacto de toda la sociedad, a partir de la iniciativa de los poderes públicos. Un caso ejemplar.

Administraciones públicas y sociedad civil convinimos en 1998 que durante los siguientes cuatro años era necesario hacer un gran esfuerzo y acordamos las acciones que se debían desarrollar para hacer frente al reto que representa la sociedad de la información. Concretamente se precisaron 165 acciones, agrupadas en siete capítulos que abarcan desde las infraestructuras necesarias, hasta la educación o la sanidad, pasando por la industria y el cambio cultural.

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Después de dos años y medio de la presentación del Plan ante el Parlament de Cataluña, ¿cuál es el balance que podemos hacer en relación con las citadas acciones y los objetivos correspondientes? Cualquier análisis objetivo de las acciones previstas y de los resultados alcanzados por el Gobierno de la Generalitat es francamente desolador. El empuje inicial que había tenido el Comisionado de la Generalitat se ha perdido totalmente en un mar de dudas y de imprecisiones que han llevado a la confusión. Ya no se sabe ni quién debería tomar las decisiones en un tema tan importante como el que nos ocupa, en un Gobierno que se muestra incapaz de liderar un plan que cuenta con el consenso de la sociedad catalana.

Al hacer un balance riguroso, capítulo a capítulo, acción a acción, del referido plan, uno observa como algunas acciones ni se han iniciado, otras sencillamente no se han entendido y el propio Gobierno remite a actuaciones que nada tienen que ver con el programa previsto. Finalmente, se destacan acciones que han realizado empresas privadas sin ninguna relación con el necesario impulso del Gobierno.

Mientras tanto, muchos ayuntamientos, y alguna Diputación como de manera destacada la de Barlona, han realizado interesantes proyectos en sus respectivos ámbitos territoriales, con el apoyo de Localret, pero sin el necesario liderazgo del Gobierno catalán.

En el contexto anterior se produce un nuevo pacto entre las administraciones públicas catalanas y todos los grupos parlamentarios para impulsar el objetivo de la Administració Oberta de Catalunya. Uno de los capítulos del Plan Catalunya en Xarxa está dedicado a la 'Administración y servicios al ciudadano', y en el mismo se plantea ya la necesidad de avanzar en la configuración de una auténtica 'Administració Oberta de Catalunya' en el sentido de ofrecer al ciudadano, a través de Internet, los servicios y la información que hoy debe obtener de forma presencial y a menudo a través de costosos y lentos trámites burocráticos. Se trata, por tanto, de una acción que ya estaba prevista en el plan y que hasta ahora prácticamente no se había iniciado por parte de la Generalitat. En cualquier caso, el pacto nos sitúa ante una gran oportunidad de reformar la Administración, aprovechando el potencial de la red, para acercarla al ciudadano y facilitar su participación. No deberíamos desaprovechar esta oportunidad, que nos ocupará más allá de la actual legislatura. El próximo Gobierno deberá completar los trabajos que sea capaz de iniciar el actual.

Está claro que todos compartimos el deseo de avanzar hacia una Administración pública catalana más eficaz y transparente. A pesar de los incumplimientos del Plan Catalunya en Xarxa, nuestro sentido de responsabilidad y la necesidad de ayudar a avanzar hacia los objetivos del plan, nos han llevado a impulsar este nuevo pacto. Todavía tenemos la esperanza de que, por lo menos en este tema, el Gobierno será capaz de cumplir con los objetivos programados. Lo contrario sería volver a defraudar la confianza de los ciudadanos.

Miquel Barceló i Roca es diputado del Grupo Socialista-Ciutadans pel Canvi.

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