La UE incide en que el depósito de lindane es una operación de gestión de residuos tóxicos

La Unión Europea considera que las obras del depósito de lindane del aeropuerto de Bilbao supusieron una operación de gestión de residuos tóxicos y no una labor de descontaminación de suelos, como ha defendido el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno. Bruselas mantiene que esta infraestructura requiere la declaración de impacto ambiental, de la que carece.

Estos argumentos aparecen reflejados en una carta enviada el pasado año por las autoridades comunitarias, en la que explican los motivos de la apertura de un procedimiento de infracción contra el depósito de lindane. Mañana mis...

La Unión Europea considera que las obras del depósito de lindane del aeropuerto de Bilbao supusieron una operación de gestión de residuos tóxicos y no una labor de descontaminación de suelos, como ha defendido el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno. Bruselas mantiene que esta infraestructura requiere la declaración de impacto ambiental, de la que carece.

Estos argumentos aparecen reflejados en una carta enviada el pasado año por las autoridades comunitarias, en la que explican los motivos de la apertura de un procedimiento de infracción contra el depósito de lindane. Mañana mismo la Comisión Europea analizará este caso para decidir el siguiente paso: si emite el dictamen motivado, lo que significaría que existe una infracción contrastada y que las autoridades españolas y vascas se enfrentan a una futura multa económica.

Bruselas señala que la construcción de la celda de seguridad, que está sellada desde 1998, se inscribe dentro de las 'instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos mediante incineración, tratamiento químico o almacenamiento bajo tierra'. Añade que el propio Gobierno vasco reconoce, en un informe de 1999 de la sociedad pública Ihobe, que la celda persigue el 'confinamiento de residuos tóxicos y peligrosos'.

Esta argumentación da la razón a la plataforma ecologista Lur Maitea, que aludía por ello a la necesidad de la evaluación de impacto. El Gobierno vasco ha sostenido, especialmente ante Bruselas, que al tratarse sólo de movimientos de tierras no necesita dicha declaración.