El Gobierno se niega a entregar al Parlamento el contrato de venta de Santa Bárbara a EE UU

El Grupo Socialista está estudiando las medidas a tomar ante lo que considera un hecho muy grave, que priva al Congreso de la posibilidad de cumplir su función de control del Gobierno.

En opinión de Marsal, los argumentos esgrimidos por el Gobierno resultan insostenibles, pues se trata de una empresa pública, cuya cartera de pedidos, superior a los 300.000 millones de pesetas, corresponde casi en exclusiva a contratos con el Estado y a la que, además, hay que inyectar más de 25.000 millones antes de venderla por sólo 800.

En respuesta a su solicitud de que se le entregue el contr...

El Grupo Socialista está estudiando las medidas a tomar ante lo que considera un hecho muy grave, que priva al Congreso de la posibilidad de cumplir su función de control del Gobierno.

En opinión de Marsal, los argumentos esgrimidos por el Gobierno resultan insostenibles, pues se trata de una empresa pública, cuya cartera de pedidos, superior a los 300.000 millones de pesetas, corresponde casi en exclusiva a contratos con el Estado y a la que, además, hay que inyectar más de 25.000 millones antes de venderla por sólo 800.

En respuesta a su solicitud de que se le entregue el contrato, el Gobierno dice que 'existen fundadas razones que justifican la no entrega' del mismo. 'Se trata', agrega, 'de un documento que afecta a terceros protegidos por la legislación aplicable al efecto'. En concreto, cita el artículo 32 del Código de Comercio, pero éste no se refiere a los contratos de compraventa, y menos de empresas públicas, sino a la 'contabilidad de los empresarios' y al acceso a la mismas en los procesos de sucesión, suspensión de pagos, quiebras, liquidaciones o suspensión de empleo.

Más sorprendente resulta el segundo argumento que esgrime el Gobierno para negar la documentación al Congreso. 'El propio contrato de compraventa', sostiene, 'incluye una cláusula de confidencialidad que impide que su contenido sea divulgado'.

Dicha cláusula, la octava, dice textualmente, según la respuesta parlamentaria: 'Las partes se comprometen a no dar publicidad alguna al contenido de este contrato, garantizando su confidencialidad, con la excepción de las actuaciones necesarias para la obtención de las autorizaciones pertinentes y para el cumplimiento de la normativa sobre privatizaciones'. Se da así la paradoja de que el Gobierno se escuda para negar información en que se lo impide una cláusula que él mismo ha negociado.

Ni siquiera en el caso de que el contrato firmado con General Dynamics estuviera clasificado legalmente como secreto, lo que no es el caso, podría el Gobierno negar su conocimiento al Parlamento. Como mínimo, debería remitirlo a la Comisión de Secretos Oficiales, de forma que el acceso se limitara a los diputados que forman parte de la misma.

Garantía de discreción

Se da además la circunstancia de que existe en el Congreso una subcomisión sobre privatizaciones que se reúne a puerta cerrada, por lo que la confidencialidad está garantizada, y a la que tampoco se ha entregado el contrato. El presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, que compareció el miércoles ante esa subcomisión, dijo que tiene toda la documentación sobre las privatizaciones pero que es al Gobierno al que corresponde decidir si pueden conocerla los diputados.

La privatización de Santa Bárbara ha estado rodeada de una fuerte polémica desde que el consejo de administración de la SEPI decidió el 12 de abril de 2000, con el Gobierno en funciones, venderla a General Dynamics. La decisión ponía en entredicho la política de construir una industria europea de Defensa y la propia continuidad del programa de los carros de combate Leopard, cuya patente es propiedad del consorcio alemán derrotado, que formaban Krauss Maffei-Wegmann y Rheinmetall.

Las presiones del Gobierno alemán obligaron a suspender la privatización durante casi un año, hasta que el Consejo de Ministros dio su visto bueno el pasado 30 de marzo. Ferreras sostuvo el 24 de abril en el Congreso que la oferta norteamericana era mucho mejor que la germana, ya que la primera costará a las arcas públicas 25.600 millones de pesetas y la segunda habría supuesto un desembolso de 69.300.

Además, según la versión oficial, General Dynamics se comprometía a mantener durante cinco años la totalidad de la plantilla (2.022 personas), invertir 9.983 millones y aportar pedidos por 13.800. El incumplimiento de lo firmado conllevaría multas de hasta 6.000 millones.

Para comprobar el alcance de todos estos compromisos, y su solidez jurídica, es para lo que el PSOE solicitó el contrato.

La transferencia de Santa Bárbara a General Dynamics, aunque aprobada por el Gobierno hace más de dos meses, aún no se ha consumado -están pendientes de pactar los últimos detalles-, y se espera que tenga lugar en julio, según la SEPI.