PP e IU piden al Ayuntamiento de Sevilla que congele los convenios con la asociación PM-40
Los grupos de la oposición exigen que se aclaren las presuntas irregulariades de gestión
Al presidente de PM-40 se le acusa de haber creado varias sociedades mercantiles -Sinnea 21, Recordpost y Servforma 21- aprovechando las infraestructuras de la asociación sin ánimo de lucro que dirige y de haber situado al frente de ellas a diversos familiares, entre ellos su hijo, Yann Acosta, la esposa de éste, Amalia Ruiz de la Torre, y su actual compañera sentimental, Rocío Páez López. Los tres familiares de Manuel Acosta, además, desempeñan cargos dentro de PM-40. También se acusa a Acosta de haber desviado fondos públicos procedentes de las subvenciones que recibe de todas las administra...
Al presidente de PM-40 se le acusa de haber creado varias sociedades mercantiles -Sinnea 21, Recordpost y Servforma 21- aprovechando las infraestructuras de la asociación sin ánimo de lucro que dirige y de haber situado al frente de ellas a diversos familiares, entre ellos su hijo, Yann Acosta, la esposa de éste, Amalia Ruiz de la Torre, y su actual compañera sentimental, Rocío Páez López. Los tres familiares de Manuel Acosta, además, desempeñan cargos dentro de PM-40. También se acusa a Acosta de haber desviado fondos públicos procedentes de las subvenciones que recibe de todas las administraciones públicas por un montante que, según la denuncia, ronda los 50 millones de pesetas.
Estas empresas se dedican, entre otros fines, a la realización de servicios de mensajería, a la vigilancia de vehículos y a la reparación, conservación y mantenimiento de parques y jardines, tareas que también desempeñan los miembros de PM-40.
Salario de un millón
Además, al presidente de la Asociación de Parados Mayores de 40 años se le acusa de percibir un salario que ronda el millón de pesetas cuando los estatutos de la asociación de voluntariado que preside impiden que un puesto de responsabilidad en la sociedad sea remunerado, aparte de los gastos de representación propios del cargo, que ascienden a tres millones de pesetas anuales.
La Asociación de Parados Mayores de 40 años ha encargado a sus servicios jurídicos, a través del abogado Jaime Camacho Ruiz, que realicen una auditoría en la que se determine si la estructura jurídica de la misma permite la existencia de estas sociedades y, en caso contrario, 'proponer las correcciones que se estimen oportunas ante cualquier deficiencia que se detecte', explicaba ayer Jaime Camacho Ruiz, quien se mostró sorprendido de que parte de las afirmaciones aparecidas estos días partan 'del informe de una auditoría que aún no ha concluido'.
Por su parte, los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla, PP e IU, instaron ayer al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, a que deje en un 'compás de espera' cualquier tipo de nuevo convenio con la asociación PM-40 'ante la gravedad de estas acusaciones', explicaba el portavoz adjunto del PP, José María Pareja. Sánchez Monteseirín anunció el pasado jueves que el Ayuntamiento no romperá relaciones con PM-40 al considerar que es la propia asociación la que tiene que aclarar si han existido irregularidades en la gestión.
Por su lado, la portavoz adjunta de IU, Paula Garvín, recordó que su formación siempre se había opuesto a los convenios del Ayuntamiento con esta asociación: 'Nos habían llegado muchas críticas de personas que habían tenido contacto con PM-40 y que opinaban que, desde luego, no era una ONG, sino más bien una empresa'. Garvín, que denunció las precarias condiciones laborales de los voluntarios, acusó al Ayuntamiento de 'poner parches' en vez de solucionar el problema de estos trabajadores.
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