Cinco billones de pesetas de los fondos, en el aire
El problema se llama cinco billones de pesetas. Sería lo que España dejaría de percibir si, tras la ampliación de la UE, se mantienen los mismos criterios a la hora de repartir los fondos regionales. Para el periodo 2000-2006, José María Aznar, en unas negociaciones de las que el canciller Schröder salió de víctima, logró para 11 regiones españolas algo más de ocho billones de pesetas.
Para el siguiente periodo (en principio, 2007-2013), España perdería fondos por dos vías: de un lado habrá regiones, como Valencia o Murcia, que superarán en cualquier caso el techo (75% de la media comu...
El problema se llama cinco billones de pesetas. Sería lo que España dejaría de percibir si, tras la ampliación de la UE, se mantienen los mismos criterios a la hora de repartir los fondos regionales. Para el periodo 2000-2006, José María Aznar, en unas negociaciones de las que el canciller Schröder salió de víctima, logró para 11 regiones españolas algo más de ocho billones de pesetas.
Para el siguiente periodo (en principio, 2007-2013), España perdería fondos por dos vías: de un lado habrá regiones, como Valencia o Murcia, que superarán en cualquier caso el techo (75% de la media comunitaria del PIB por habitante) a partir del cual se pierde el derecho a recibir esos fondos.
Esa media comunitaria bajará con la entrada de países más pobres y, por tanto, sólo dos regiones españolas, Andalucía y Extremadura, cumplirán los requisitos para acceder a los fondos. Otras superarán ese techo por simple 'efecto estadístico', que es el problema que quiere solucionar España al exigir un cambio en las reglas de reparto. Sólo por ese 'efecto', según cálculos oficiales, las regiones españolas perderán dos billones de pesetas.
Cambiar las reglas para que siga habiendo fondos para los actuales pobres de la UE y para los nuevos socios de la Unión exige mayores aportaciones de todos, pero sobre todo de Alemania. Es justamente a lo que no quiere comprometerse Berlín, que, por el contrario, será el más beneficiado de la ampliación por su proximidad a los nuevos mercados. Su posible mayor perjuicio, la avalancha de emigrantes, ya lo ha solucionado con la moratoria de siete años.
El Gobierno español, según fuentes oficiales, se oponía a esa moratoria, la misma que sufrieron los españoles al incorporarse a la UE en 1986, 'por principio y porque se lo pidieron los polacos, los húngaros y los eslovenos'.