El Congreso amplía a los extranjeros indocumentados el derecho de petición

El proyecto de ley ha incorporado, en su paso por el Congreso, la práctica totalidad de las 64 enmiendas, después de que todos los grupos pactaran una redacción conjunta. El proyecto incluye la obligación de las autoridades a responder en tres meses a las peticiones de los ciudadanos y a tomar medidas para cumplir lo pedido cuando esté justificado, abre la posibilidad de audiencia pública a los ciudadanos ante los Gobiernos y los Parlamentos y obliga a los poderes públicos a elaborar una memoria anual con el resultado de las peticiones cursadas.

- Cauce de expresión ciudadana.Con la re...

El proyecto de ley ha incorporado, en su paso por el Congreso, la práctica totalidad de las 64 enmiendas, después de que todos los grupos pactaran una redacción conjunta. El proyecto incluye la obligación de las autoridades a responder en tres meses a las peticiones de los ciudadanos y a tomar medidas para cumplir lo pedido cuando esté justificado, abre la posibilidad de audiencia pública a los ciudadanos ante los Gobiernos y los Parlamentos y obliga a los poderes públicos a elaborar una memoria anual con el resultado de las peticiones cursadas.

- Cauce de expresión ciudadana.Con la regulación del derecho de petición, los ciudadanos tienen un nuevo 'cauce de expresión en defensa de sus intereses'. Los destinatarios de las peticiones son los poderes públicos, los órganos constitucionales, así como todas las Administraciones Públicas existentes. Según la exposición de motivos de la ley, 'las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, o expresar quejas o súplicas'.

El diputado del PNV Josu Erkoreka resumió su naturaleza al asegurar que 'el derecho de petición no es un derecho asociado a la dignidad de la persona, sino un derecho vinculado a la participación política'. Los peticionarios podrán exigir 'la confidencialidad de sus datos'. Ésta es una de las novedades incorporadas en este trámite. Otra es que las peticiones se podrán cursar incluso por correo electrónico.

- Obligación de respuesta. La Administración Pública o Gobierno que reciba una de esas peticiones 'acusará recibo' y lo comunicará al peticionario en un plazo máximo de 10 días. Después de esa recepción tendrá para contestar un plazo máximo de tres meses desde la fecha de presentación. Y no sólo deberá contestar sino que, 'si lo considera necesario', convocará al ciudadano que ha cursado la petición para escuchar sus argumentos. En el trámite de enmiendas también se ha incluido que 'cuando la petición se considere fundada' las autoridades estarán obligadas a 'tomar las medidas oportunas' para cumplirla.

- Audiencia parlamentaria. El derecho de ser escuchado va más allá cuando las peticiones se dirijan al Congreso, al Senado o a las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas. El proyecto de ley obliga a todas las Cámaras, nacionales y autonómicas, a modificar sus reglamentos para recoger 'la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios si así se considera oportuno'.

El diputado socialista Diego López Garrido destaca la diferencia de que se 'considere oportuno' y que se 'considere necesario'. Mientras las Administraciones y los Gobiernos sólo estarán obligadas a dar audiencia a los ciudadanos cuando sea necesario, los Parlamentos lo harán cuando sea oportuno, lo que amplía desde el punto de vista político la probabilidad de que estas audiencias lleguen a celebrarse.

- Derecho de los militares. La Constitución, en el artículo que consagra el derecho de petición, dice expresamente que los militares sólo podrán ejercer ese derecho individualmente. Coalición Canaria pretendía incorporar la posibilidad de que los militares dirigieran 'sus reclamaciones y peticiones colectivas a través de las asociaciones legalmente constituidas'. Fue una de las pocas enmiendas no aprobadas. Aun así, CC la defenderá en el debate en pleno, pese a la opinión de la mayoría de que su pretensión puede ser inconstitucional.

- Consenso. El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, ponente de la ley, destacó el 'altísimo grado de consenso alcanzado' y alabó las mejoras incorporadas con las enmiendas 'para que hoy podamos decir que este proyecto de ley, que era un proyecto del Gobierno, ahora lo sea también de prácticamente todos los grupos parlamentarios'. El pleno del Congreso de los Diputados debatirá probablemente el próximo jueves el proyecto de ley.