La Junta evalúa en 50.250 millones las medidas alternativas para la flota andaluza de Marruecos

El plan de alternativas de la Junta para la flota amarrada desde noviembre de 1999 (203 pesqueros y 2.500 marineros en Andalucía según la Consejería) reserva 10.050 millones de pesetas para financiar las 'fórmulas' que estudia el Gobierno andaluz para evitar el desguace de los barcos artesanales (el 75% de los afectados), que no pueden reubicarse en aguas más lejanas. Estas 'fórmulas', fuera de la cobertura legal que daba el extinto convenio pesquero entre la UE y Marruecos plantean dificultades técnicas y jurídicas. En su intervención, Plata apostó por 'alcanzar acuerdos privados con Marrueco...

El plan de alternativas de la Junta para la flota amarrada desde noviembre de 1999 (203 pesqueros y 2.500 marineros en Andalucía según la Consejería) reserva 10.050 millones de pesetas para financiar las 'fórmulas' que estudia el Gobierno andaluz para evitar el desguace de los barcos artesanales (el 75% de los afectados), que no pueden reubicarse en aguas más lejanas. Estas 'fórmulas', fuera de la cobertura legal que daba el extinto convenio pesquero entre la UE y Marruecos plantean dificultades técnicas y jurídicas. En su intervención, Plata apostó por 'alcanzar acuerdos privados con Marruecos y otros países vecinos', pero apenas precisó que la 'Junta pretende actuar como aglutinador' de los intereses de las pequeñas empresas familiares involucradas.

Para la reordenación de la flota, el plan autonómico prevé tan sólo una inversión de 4.200 millones de pesetas ya que las posibilidades de reubicación, según la Junta, son escasas. La Consejería únicamente considera semi-industriales a 30 de los pesqueros andaluces afectados y, por tanto, sólo estima necesarios 3.100 millones. La discrepancia aquí con el Ministerio de Agricultura, que considera industrial (y por tanto con autonomía suficiente para pescar en aguas más alejadas) al 80% de la flota.

'Exigimos saber dónde y cómo piensa el Ministerio recolocar el 80% de la flota afectada', dijo Plata quien se quejó de los 'reiterados silencios oficiales' de Arias Cañete ante las peticiones de información de la Junta para elaborar su plan de alternativas. En su intervención, Plata insistió en reclamar al ministro que le comunique 'qué modificaciones'de la reglamentación comunitaria está negociando en la Unión Europea, al ser 'necesarias para acometer las medidas alternativas'.

La Consejería de Agricultura quiere que el reglamento comunitario del Instrumento de Fondos de Orientación Pesquera rebaje las condiciones para otorgar ayudas a la 'paralización definitiva de barcos'; 'de lo contrario no va a cobrar nadie', aseguró Plata. La Junta también pide un incremento de estas ayudas por desguace, 'al ser una situación singular' y que se elimine la limitación de edad mínima (55 años) para las ayudas a prejubilación de los tripulantes afectados.

Pero, sobre todo, la Junta quiere que Arias Cañete presione para conseguir que la reglamentación comunitaria salve una contradicción: la UE prohíbe ayudas a las sociedades mixtas privadas con barcos menores de 10 años, mientras que Marruecos no admite sociedades mixtas con barcos de más de 10 años.

El consejero admitió que la financiación del plan está en el aire, ya que dependería en un 80% de fondos comunitarios: la Junta y el Gobierno central sólo pondrían, cada uno, 5.025 millones. Los 40.200 millones de fondos comunitarios deberían salir del dinero que estaba previsto por la Comisión para el acuerdo con Marruecos, unos 86.000 millones en cuatro años. 'Tenemos que saber con qué fondos vamos a contar: el ministro pidió primero 90.000 millones, luego 50.000 y el martes nos sorprendió con que puece bastar con 21.700 millones para toda España', afirmó Plata. La Comisión aún no prevé dar respuesta hasta junio.

Para diversificar la economía de las poblaciones afectadas, el plan de la Junta estima necesaria una inversión de 36.000 millones. Entre estas medidas, que serían diseñadas con los agentes sociales y las Administraciones locales, se incluyen fondos para mejoras a los trabajadores, aumentar la infraestructura urbana, el incremento de actividades formativas y ayudas para la acuicultura, el turismo y otras iniciativas innovadoras.