Los consumidores piden mayor control sobre las academias de enseñanza
Proponen que los centros depositen una fianza para impartir cursos
Las organizaciones de consumidores piden mayor transparencia y control sobre los cursos de enseñanza no reglada, a menudo financiados mediante créditos. Tras el cierre de la academia Aula Magna, que ha dejado en la calle a 15.000 alumnos (el 90% con préstamos suscritos), y la denuncia sobre los 'créditos encubiertos' en algunos centros de inglés, las asociaciones de usuarios OCU, UCE y CEACCU exigen una regulación más estricta. Esta última plantea que las academias depositen una fianza y precisen una licencia específica.
En medios próximos a la patronal de centros de enseñanza no reglad...
Las organizaciones de consumidores piden mayor transparencia y control sobre los cursos de enseñanza no reglada, a menudo financiados mediante créditos. Tras el cierre de la academia Aula Magna, que ha dejado en la calle a 15.000 alumnos (el 90% con préstamos suscritos), y la denuncia sobre los 'créditos encubiertos' en algunos centros de inglés, las asociaciones de usuarios OCU, UCE y CEACCU exigen una regulación más estricta. Esta última plantea que las academias depositen una fianza y precisen una licencia específica.
En medios próximos a la patronal de centros de enseñanza no reglada (CECAP), sólo piden que las academias 'informen bien al cliente sobre la financiación externa'. La venta de cursos de enseñanza no reglada (como los de inglés o de preparación de oposiciones) tiene dos regulaciones distintas, según se haga dentro o fuera del establecimiento mercantil. Mientras que en el primer caso hay importantes lagunas jurídicas, según los consumidores, en el segundo existe una regulación específica. En ambas modalidades, la oferta de créditos para financiar los cursos es una práctica en alza.
Las academias ofrecen cursos de varios meses de duración con pago anticipado, ya sea al contado o mediante la financiación de una entidad crediticia. En términos generales, cuando la venta se hace en establecimiento, los usuarios no pueden renunciar al servicio y se ven obligados a abonar todas las mensualidades aunque no les satisfaga la enseñanza o surjan problemas en el centro. En ocasiones, incluso ignoran que han suscrito un crédito para financiar el aprendizaje (ver EL PAÍS del pasado 2 de abril).
'Es necesario establecer el marco legal de referencia para este tipo de servicios que, ahora, navegan en una inmensa laguna legal', señala el portavoz de Organización de consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica. Respecto al pago del curso financiado, los consumidores piden una 'transparencia absoluta'. 'El usuario del servicio debe saber que lo contrata con una empresa y va a pagárselo a una entidad bancaria', puntualizan en la Unión de Consumidores de España (UCE).
Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) pide a los ministerios de Educación y Sanidad y Consumo una nueva normativa nacional que regule la concesión de 'licencias obligatorias' para abrir centros de enseñanza no reglada. Propone que las academias depositen una fianza para responder del cumplimiento de sus obligaciones.
Respecto al cierre de los 19 centros de Aula Magna, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recomendó ayer a los afectados que denuncien lo ocurrido y exijan a las dos entidades que financiaban los cursos la devolución de los plazos abonados por los alumnos, informa Ana L. Escudero.