Una juez registra al constructor Núñez por presuntos sobornos a inspectores de Hacienda

La Guardia Civil registró ayer por orden judicial el domicilio particular y la sede de la empresa del constructor Josep Lluís Núñez Clemente, ex presidente del FC Barcelona, por su relación con presuntos sobornos a algunos ex inspectores de Hacienda en Cataluña. La juez busca pruebas sobre supuestas ventas de pisos de la constructora Núñez y Navarro a funcionarios a precios inferiores al de mercado. El registro afectó también la sede de Ibusa, propiedad del ex dirigente de Alianza Popular Eduardo Bueno.

El hijo del constructor, Josep Lluís Núñez Navarro, declaró hace un año ante la juez...

La Guardia Civil registró ayer por orden judicial el domicilio particular y la sede de la empresa del constructor Josep Lluís Núñez Clemente, ex presidente del FC Barcelona, por su relación con presuntos sobornos a algunos ex inspectores de Hacienda en Cataluña. La juez busca pruebas sobre supuestas ventas de pisos de la constructora Núñez y Navarro a funcionarios a precios inferiores al de mercado. El registro afectó también la sede de Ibusa, propiedad del ex dirigente de Alianza Popular Eduardo Bueno.

El hijo del constructor, Josep Lluís Núñez Navarro, declaró hace un año ante la juez que investiga el presunto soborno de inspectores fiscales por parte de algunas empresas. A resultas de las investigaciones quedó imputado en la causa. La juez investiga especialmente la actuación del hijo de Núñez por su intervención acerca de Caixa Catalunya para la concesión de un préstamo al entonces inspector Manuel Abella para la compra de dos pisos a la constructora. Los inmuebles estaban tasados en 150 millones de pesetas, pero fueron adquiridos por 81,4 millones, según un informe de Hacienda.

Abella, que era responsable de las inspecciones al grupo de empresas de Núñez y Navarro, manifestó ayer que el citado grupo actuó siempre correctamente y que ni él ni otros inspectores que los habían investigado habían encontrado irregulariades. Durante el tiempo que estuvo encargado de la inspección a la inmobiliaria, Abella levantó 215 actas, que se saldaron con una devolución total de 20,8 millones por parte de Hacienda, según la querella de la fiscalía.

Tras los registros, que afectaron también a Ibusa, propiedad del ex dirigente de Alianza Popular Eduardo Bueno y de dos directivos de Núñez y Navarro, la Guardia Civil se incautó de varios ordenadores, agendas y documentos contables.