El Gobierno descarga sobre las ONG la atención a los inmigrantes

Después de pasar por la Policía o la Guardia Civil, las estructuras para ayudarles dependen casi exclusivamente del trabajo de unas 60 ONG. Apenas un 25% de sus recursos proceden de las subvenciones del Estado. Tan sólo en Ceuta y Melilla hay centros de asistencia a inmigrantes de competencia estatal, los llamados CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), dependientes directamente del Imserso. Entre los dos apenas ofrecen 750 plazas, desbordadas desde hace meses. En el resto de los lugares calientes, 'parches sobre la marcha', apunta Paloma López, secretaria de política social de CC O...

Después de pasar por la Policía o la Guardia Civil, las estructuras para ayudarles dependen casi exclusivamente del trabajo de unas 60 ONG. Apenas un 25% de sus recursos proceden de las subvenciones del Estado. Tan sólo en Ceuta y Melilla hay centros de asistencia a inmigrantes de competencia estatal, los llamados CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), dependientes directamente del Imserso. Entre los dos apenas ofrecen 750 plazas, desbordadas desde hace meses. En el resto de los lugares calientes, 'parches sobre la marcha', apunta Paloma López, secretaria de política social de CC OO. Ese 'parche' es la atención de todo tipo que ofrecen las ONG, en convenios con el Imserso o las administraciones autonómica y local, o directamente por su cuenta. El Ministerio de Trabajo ha anunciado la construcción de otros tres CETI en Canarias, Algeciras y Madrid, que en total darán acogida a unas 1.200 personas. Aproximadamente los que han llegado sólo en estos 15 días.

Las quejas de estas ONG se centran en dos. Por un lado, consideran insuficientes las subvenciones que reciben para llevar a cabo esta responsabilidad. Según Paloma López, 'la relación entre el dinero que se da y la atención real que se exige es muy injusta. Las organizaciones acaban siempre poniendo dinero de sus cuotas o abriendo cuentas de colaboración. Para esto tiene que haber un presupuesto específico'. Según una estimación de la Red Acoge, el coste diario de una plaza de acogida es de 3.800 pesetas, incluyendo además de comida y cama asesoría legal, orientación de trabajo, desvío a recursos sanitarios, etc.

La otra crítica de las ONG es que el Gobierno se está aprovechando de ese trabajo. Según Blanca Ruiz, presidenta de la Red Acoge, 'por el precio de un funcionario tienes trabajando a dos o tres cooperantes. Se están aprovechando del trabajo voluntario y ahorrando mucho dinero'. Paloma López le da una dimensión política: 'El Gobierno se está dejando llevar, y se está acostumbrando a que las ONG le hagan el trabajo humanitario. La falta de una red asistencial es una demostración de que centra su política en las medidas policiales'. Mientras que no hay una red de centros de acogida estatal, sí la hay de centros de internamiento (detención) para extranjeros (CIE).

En lugares como Fuerteventura o Algeciras, desembarcos masivos y repentinos de personas que llegan con lo puesto, no conocen el idioma y llevan al menos una noche en el mar provocan verdaderas crisis humanitarias. 'Ahí hace falta una estructura de asistencia primaria. Ésa es una situación de derechos humanos', en opinión de Paloma López.

'¿Que no tenemos estructuras por si aparecen 2.000 inmigrantes de golpe en un mismo sitio? Pues no. Pero si aparecen, por supuesto que de una forma u otra reciben atención'. José Ramón Aparicio, subdirector general de Promoción de la Inmigración y Atención a Refugiados del Imserso, insiste en que dispone de 'una red asistencial que va más allá de las situaciones de emergencia. Como grupo marginal, a los inmigrantes irregulares les asiste la misma red de acogida que a los españoles'.

Aparicio afirma que 'la llegada de subsaharianos por mar es una mínima parte de la inmigración irregular que recibe España. El grueso entra por los aeropuertos, con visados de turista que luego dejan caducar. Se pone el acento en las costas porque la situación es más dramática y escandaliza más a la opinión pública, pero no es representativo del fenómeno de la inmigración'. Además, destaca que 'la inmigración irregular masiva no es que sea un fenómeno reciente, ¡es un fenómeno de ayer mismo!', por lo que es normal que España no esté preparada 'aún' para asumirla.

Según Delia Blanco, diputada del PSOE por Madrid y presidenta de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 'en lugar de dar respuesta, se está dejando pudrir el problema y que la opinión pública se escandalice por las condiciones en las que llegan los subsaharianos. El Gobierno se inhibe de esa situación, pero no da ninguna alternativa. Están condenados a la marginalidad. Con sus afirmaciones, los responsables de Interior nos dicen todos los días que esa gente no tiene niguna esperanza de regularizarse'.