Imputado el director de un banco por abrir el 'e-mail' de un empleado
El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha citado como imputados al director general de Deutsche Bank en España, al subdirector de Recursos Humanos, al de Seguridad Lógica (informática) y al de Relaciones Laborales a raíz de una denuncia de un empleado de Barcelona, Gregorio Jiménez, que les acusa de haber interceptado y reproducido el contenido de los mensajes electrónicos que envió desde su puesto de trabajo.
El caso se hizo público a finales de noviembre, cuando una sentencia declaró procedente el despido del trabajador por el uso indebido de una herramienta de su empresa. Pa...
El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha citado como imputados al director general de Deutsche Bank en España, al subdirector de Recursos Humanos, al de Seguridad Lógica (informática) y al de Relaciones Laborales a raíz de una denuncia de un empleado de Barcelona, Gregorio Jiménez, que les acusa de haber interceptado y reproducido el contenido de los mensajes electrónicos que envió desde su puesto de trabajo.
El caso se hizo público a finales de noviembre, cuando una sentencia declaró procedente el despido del trabajador por el uso indebido de una herramienta de su empresa. Para demostrar tal uso, el director de Relaciones Laborales solicitó al de informática que interceptara los correos y reprodujera su contenido. En total fueron 140 correos electrónicos de contenido particular enviados desde una cuenta en Internet que no era la propia del banco. La sentencia provocó un amplio debate sobre el derecho a la intimidad de los empleados y la autoridad de los jefes a investigar sus e-mail.
La acusación se basa en el artículo 197 del Código Penal, que, dentro de los delitos contra la intimidad, reconoce como 'descubrimiento y revelación de secretos' el apoderarse sin consentimiento de 'papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales'. La ley no excluye en ningún momento el ámbito laboral de este delito, y según la defensa, la pena puede elevarse hasta los cuatro años de cárcel.
Gregorio Jiménez, el denunciante, vive actualmente de la floristería de su mujer, sin trabajo y con una hipoteca que contrató poco antes del incidente. 'Me han destrozado la vida', afirmó ayer a este periódico. Después de 29 años en el banco, 'la reinserción laboral es muy difícil para alguien de 50 años cuya única experiencia es en la banca'. Según Jiménez, 'es importante sentar este precedente, porque si no podrán echar a cualquier trabajador cuando quieran, porque mandar e-mail es algo que hace todo el mundo'. Este periódico intentó ayer, sin éxito, obtener la versión de la empresa.