Cataluña prepara su propia ley para la educación obligatoria

El escándalo provocado en Cataluña por la realización de conciertos educativos con siete colegios de élite, como colofón de la generalización de las subvenciones a todas las escuelas privadas de la comunidad, llevó ayer a la consejera de Enseñanza, Carme Laura Gil, a anunciar en el Parlamento catalán el comienzo de 'una reflexión serena y profunda' sobre la educación obligatoria, así como que su departamento prepara una ley catalana de educación, aunque no precisó cuál será su contenido.

La diputada socialista Montserrat Duch y el diputado de Esquerra Republicana (ERC) interpelaron al G...

El escándalo provocado en Cataluña por la realización de conciertos educativos con siete colegios de élite, como colofón de la generalización de las subvenciones a todas las escuelas privadas de la comunidad, llevó ayer a la consejera de Enseñanza, Carme Laura Gil, a anunciar en el Parlamento catalán el comienzo de 'una reflexión serena y profunda' sobre la educación obligatoria, así como que su departamento prepara una ley catalana de educación, aunque no precisó cuál será su contenido.

La diputada socialista Montserrat Duch y el diputado de Esquerra Republicana (ERC) interpelaron al Gobierno catalán con la esperanza de obtener una rectificación sobre los conciertos educativos. Pero la titular de Enseñanza justificó la subvención de todas las escuelas en base a los principios de igualdad y del derecho consagrado por la Constitución de todos a la educación.

La Generalitat también tiene propuestas para reformar el marco legal de las universidades y otorgar a un patronato, cuyos componentes serían nombrados por el Gobierno catalán, la facultad de nombrar a los rectores. Un informe encargado en mayo de 2000 a un grupo de sabios por el consejero de Universidades, Andreu Mas-Colell, y coordinado por el ex rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ramon Pascual, propone la pérdida de poder del claustro y la creación de 'un órgano de gobierno reducido, nombrado por la Administración, pero sin criterios de representación, sino de calidad y competencia, y con responsabilidad ante el Parlament'. Los rectores no serían elegidos por el claustrol, sino elegidos por el patronato.

Los sindicatos UGT y CCOO criticaron ayer duramente el informe Pascual por considerar que pretende 'privatizar' la universidad y 'ponerla al servicio de intereses partidistas'. La mayoría de los rectores catalanes se negaron ayer a valorar el documento. Rafael Argullol, rector de la Universidad Pompeu Fabra, se limitó a señalar que el informe aporta 'planteamientos sugerentes' para iniciar un debate.