La banca amenaza con remunerar menos los depósitos de sus clientes en Extremadura

"La batalla va a ser de campeonato", pronosticó Rodríguez Ibarra, para mostrarse a continuación seguro de poder ganarla. El presidente extremeño insistió en la defensa de su proyecto. "Da la sensación de que algunos sólo quieren a los socialistas para que repartamos bien", dijo, "y se olvidan de que hay que repartir bien, y de que hay que recaudar justamente". La Junta también explicó ayer más detalles sobre el impuesto. Los bancos y cajas que quieran deducir como obra social parte del impuesto que les impondrá el Gobierno regional por operar en la comunidad, tendrán que someterse a los criter...

"La batalla va a ser de campeonato", pronosticó Rodríguez Ibarra, para mostrarse a continuación seguro de poder ganarla. El presidente extremeño insistió en la defensa de su proyecto. "Da la sensación de que algunos sólo quieren a los socialistas para que repartamos bien", dijo, "y se olvidan de que hay que repartir bien, y de que hay que recaudar justamente". La Junta también explicó ayer más detalles sobre el impuesto. Los bancos y cajas que quieran deducir como obra social parte del impuesto que les impondrá el Gobierno regional por operar en la comunidad, tendrán que someterse a los criterios que el Parlamento regional impondrá cada año.

Según algunos responsables de redes de oficinas bancarias consultados, la medida que implantará la Junta de Extremadura a partir de 2002 "supondrá un coste añadido, por lo que si se paga una cantidad extra al Gobierno regional, se tendrá que detraer de lo que se ofrece a los clientes a través de la remuneración del pasivo". Según estos directivos, esta situación puede favorecer que el ahorro de Extremadura se traslade a las provincias vecinas, en donde los bancos no tendrán este impuesto. Los Gobiernos de Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cantabria descartaron ayer implantar un impuesto similar.

Los bancos también destacaron su desacuerdo sobre la posibilidad de que sólo paguen los que tengan oficinas físicas en la región y no los bancos por Internet, que también trabajan en Extremadura. "Al final, los que ya pagamos otros impuestos, como el IBI o el IAE, soportaremos el nuevo impuesto". De todos formas, creen que "es un intento inútil de poner puertas al campo".

La Asociación Española de Banca (AEB) sostiene, por la información que posee acerca del anteproyecto de ley que ha aprobado la Junta de Extremadura para gravar la captación de depósitos en la región, que esta norma tiene "visos de inconstitucionalidad". Un portavoz de la patronal bancaria aseguró que "la libre circulación de bienes, capitales y personas promueve el bienestar económico y la prosperidad, y un modelo con ausencia de libertades económicas no promueve el progreso". No obstante, la AEB ha anunciado que analizará el anteproyecto de ley aprobado el pasado martes por la Junta de Extremadura cuando tenga acceso al texto.

Análisis del Gobierno

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, manifestó ayer que el Gobierno estudiará el impuesto que grava la captación de ahorro en Extremadura "para ver si este hecho impositivo es viable y, si no es válido, se recurrirá", según informa la agencia Efe. Mientras tanto, el director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, afirmó ayer que el impuesto es "aberrante".

Un portavoz de la Comisión Europea afirmó ayer que "sobre la base de la información de la que disponemos hasta el momento, recogida de la prensa, no parece que plantee problema con la legislación comunitaria, en el sentido de que no se aprecia una discriminación entre bancos españoles y extranjeros y, por lo tanto, entre clientes españoles y extranjeros". No obstante, antes de adoptar una decisión definitiva, esperarán a tener el texto legal. Aunque la Junta de Extremadura no tiene la obligación de notificarla el texto legal, "para protegerse de denuncias potenciales, deberían hacerlo", dicen estas fuentes.

El consejero extremeño de Economía, Manuel Amigo, encajó con malestar la avalancha de críticas que se lanzan contra el proyecto de la Junta de Extremadura: "La política fiscal que va dirigida a los poderosos siempre encuentra defensores. No sólo ellos mismos, sino el Gobierno de la derecha".