La Audiencia Nacional dice que el pago de la colza no se aceleraría con más jueces
La Audiencia Nacional explicó ayer que la dedicación de más magistrados a la ejecución de la sentencia de 1997, que condenó a la Administración por el síndrome tóxico causado por el aceite de colza desnaturalizado, 'no acortaría los tiempos procedimentales' y, en consecuencia, no se aceleraría el pago de las indemnizaciones por el envenenamiento masivo producido hace 20 años.
Ante las informaciones sobre el ritmo lento con que se está indemnizando a las víctimas de la colza, ya que tres años después de la sentencia firme sólo han cobrado unos 7.000 afectados, sobre un total de 19.293 co...
La Audiencia Nacional explicó ayer que la dedicación de más magistrados a la ejecución de la sentencia de 1997, que condenó a la Administración por el síndrome tóxico causado por el aceite de colza desnaturalizado, 'no acortaría los tiempos procedimentales' y, en consecuencia, no se aceleraría el pago de las indemnizaciones por el envenenamiento masivo producido hace 20 años.
Ante las informaciones sobre el ritmo lento con que se está indemnizando a las víctimas de la colza, ya que tres años después de la sentencia firme sólo han cobrado unos 7.000 afectados, sobre un total de 19.293 con derecho a la misma (véase EL PAÍS del 5 de marzo último), la Audiencia Nacional hizo público ayer un informe sobre la lentitud judicial y su difícil aceleración.
El informe, de 21 folios, realizado a instancia del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial y en respuesta a las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo, detalla las vicisitudes procesales de este caso desde la iniciación de la investigación, en 1981, hasta que en 1999 se abrieron los plazos para reclamar: 12 meses para los afectados que pretenden revisar su clasificación en la sentencia y 18 meses para los que figuran como dudosos o pendientes de calificación.
El tribunal sentenciador resalta 'los numerosos recursos' de las defensas de los afectados, 'aunque mantengan criterios contrarios' a los jurisprudenciales, y elogia la 'excelente labor' de la magistrada ponente, Manuela Fernández de Prado, quien, junto con la secretaria judicial, 'acude a diario' a los locales destinados en exclusiva a la ejecución de la sentencia de la colza. Añade que forman también el equipo un oficial, nueve auxiliares, tres agentes judiciales, dos médicos forenses, un policía y un guarda de seguridad privado.
La Audiencia Nacional admite que, en principio, 'la única manera de acortar' los plazos de cobro sería la instauración de 'nuevas unidades completas'; si bien, 'dada la necesaria especialización en la materia del magistrado que actuara como ponente, y de los médicos forenses (...), el rendimiento sensible de la nueva o nuevas unidades tardaría en ser alcanzado'. Por lo demás, 'la dedicación de más magistrados a la unidad actualmente existente no acortaría los tiempos procedimentales'.
En suma, el tribunal reitera el criterio que mantuvo en 1999 el presidente de la sala, Francisco Siro García, de que la lentitud es 'jurídicamente obligada', cuando este periódico vaticinó que el último damnificado de la colza no cobraría antes de 2005.