Rato rectifica a Piqué

Existe una coincidencia casi general en que la modificación del sistema de pago de los costes de transición a la competencia (CTC) -la compensación de 1,3 billones de pesetas comprometida con las compañías eléctricas a cambio de liberalizar el mercado- ha sido una de las vías de agua que han hecho naufragar la fusión entre Endesa e Iberdrola. Es una hipótesis razonable. En el decreto-ley publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado que autorizaba la fusión, el Gobierno derogó el método según el cual se adjudicaba a las compañías por diez años un 4,5% en la tarifa eléctric...

Existe una coincidencia casi general en que la modificación del sistema de pago de los costes de transición a la competencia (CTC) -la compensación de 1,3 billones de pesetas comprometida con las compañías eléctricas a cambio de liberalizar el mercado- ha sido una de las vías de agua que han hecho naufragar la fusión entre Endesa e Iberdrola. Es una hipótesis razonable. En el decreto-ley publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado que autorizaba la fusión, el Gobierno derogó el método según el cual se adjudicaba a las compañías por diez años un 4,5% en la tarifa eléctrica por los costes de la liberalización y recuperó el procedimiento anterior a la Ley Eléctrica de 1998.

La diferencia sustantiva es que, con el procedimiento vigente hasta el sábado pasado, los CTC eran un derecho legal firme de las compañías; con el sistema actual, es sólo una expectativa de derecho sujeto a condiciones económicas y de precios. Este cambio, que constituye además un guiño a la Comisión Europea para que considere con mayor benevolencia el expediente abierto a los CTC españoles, corrige un error y debe ser valorado positivamente. Pero las ventajas para los consumidores terminan ahí. Porque en ningún caso se derivará de este cambio una rebaja de las tarifas eléctricas; y deja sin resolver el espinoso asunto de los métodos de cálculo que siguieron el Gobierno anterior del PP y las empresas eléctricas para calcular los 1,3 billones de pesetas reconocidos por la ley. La marcha atrás de Rato abunda, además, en la confusión que ha introducido el Gobierno en su desdichada gestión del dector eléctrico. Si el retorno a la situación anterior a 1998 supone que el plazo para completar la liberalización se extiende hasta el año 2010, en lugar de 2007, es evidente que los consumidores pagan otra vez el coste de la incapacidad del Gobierno para medir las consecuencias de sus actos.

Rodrigo Rato ha venido a dar la razón a quienes criticaron en su día el sistema de titulización introducido con alevosía y nocturnidad por el anterior ministro de Industria, Josep Piqué, en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto de 1998. Tal decisión ha tenido efectos catastróficos. Rato no ha tenido más remedio que rectificar a Piqué; pero el fracaso del modelo de CTC es del Ejecutivo y de las compañías eléctricas que lo impulsaron a sabiendas de que chocaba con la doctrina que venía aplicando la Comisión Europea.