Juzgan a dos empresarios y al alcalde de Gurb por verter purines

La Audiencia de Barcelona juzgó ayer a dos empresarios y al alcalde de la localidad de Gurb, acusados de un delito contra el medio ambiente por verter ilegalmente purines a un torrente.

El fiscal pidió cinco años de cárcel para los dos cargos de la empresa Porvic J. B. F. y J. S. P., a los que además exigió una multa de 2.430.000 pesetas y 4 años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades industriales. El alcalde de Gurb fue acusado de no adoptar las medidas adecuadas contra el vertido, y la fiscalía pidió para él siete años de inhabilitación y dos años de prisión.
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La Audiencia de Barcelona juzgó ayer a dos empresarios y al alcalde de la localidad de Gurb, acusados de un delito contra el medio ambiente por verter ilegalmente purines a un torrente.

El fiscal pidió cinco años de cárcel para los dos cargos de la empresa Porvic J. B. F. y J. S. P., a los que además exigió una multa de 2.430.000 pesetas y 4 años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades industriales. El alcalde de Gurb fue acusado de no adoptar las medidas adecuadas contra el vertido, y la fiscalía pidió para él siete años de inhabilitación y dos años de prisión.

Los dos empresarios ocupaban los cargos de presidente del consejo de administración y gerente de la empresa Porvic, con sede social en el municipio de Folgueroles, la cual en 1995 adquirió la granja El Borrell, de Gurb. En esta explotación existía una balsa de tierra de recogida y almacenamiento de purines que, según el fiscal, carecía de cualquier tipo de impermeabilización y medidas de seguridad. La acusación sostiene que los empresarios la utilizaban pese a haber constatado que existían filtraciones y un colector ilegal de policloruro de vinilo (PVC) que vertía los purines al Torrent del Clot Fondo.

Según la fiscalía, los dos empresarios construyeron otra balsa de hormigón, carente de medidas de seguridad y provista de otro colector clandestino de PVC que vertía los purines al torrente. Mediante estos sistemas, los procesados se ahorraban los costes de tratamiento de los purines, que contaminaron gravemente el cauce del torrente y cuyo vertido está totalmente prohibido. Durante la época a que se remontan los vertidos, hace dos años, la granja no disponía de la licencia del Ayuntamiento de Gurb, cuyo alcalde, José María Falgueras Masramon -que sigue ocupando el cargo en la actualidad-, según el fiscal, no adoptó las medidas necesarias para evitar la situación ni denunció los hechos.

Los dos propietarios de la granja han negado las acusaciones diciendo que tenían previsto deshacerse de las balsas, y el alcalde también las ha negado afirmando que desconocía la situación.