La juez concluye que las empresas no fueron imprudentes y archiva el 'caso Aznalcóllar'

Los peritos judiciales habían marcado el camino, y la juez Celia Belhadj-Ben, instructora del caso Aznalcóllar, lo siguió hasta el final. Belhadj-Ben dio ayer carpetazo a las diligencias penales abiertas apenas un par de días después de que la balsa minera de la multinacional Boliden reventara el 25 de abril de 1998 y vertiera su carga tóxica en el entorno del parque nacional de Doñana. En un auto difundido ayer, la instructora concluye que ni Boliden ni las filiales de Dragados y Construcciones que redactaron los proyectos de construcción y recrecimiento de la balsa incurrieron en un delito d...

Los peritos judiciales habían marcado el camino, y la juez Celia Belhadj-Ben, instructora del caso Aznalcóllar, lo siguió hasta el final. Belhadj-Ben dio ayer carpetazo a las diligencias penales abiertas apenas un par de días después de que la balsa minera de la multinacional Boliden reventara el 25 de abril de 1998 y vertiera su carga tóxica en el entorno del parque nacional de Doñana. En un auto difundido ayer, la instructora concluye que ni Boliden ni las filiales de Dragados y Construcciones que redactaron los proyectos de construcción y recrecimiento de la balsa incurrieron en un delito de "imprudencia grave" y, por tanto, desestima la existencia de responsabilidades penales en el caso.

La magistrada, en comisión de servicios en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), centra su análisis en si la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar fue provocada por alguna imprudencia en la actuación de la filial española de Boliden, propietaria de la mina de Aznalcóllar desde 1987 o en la construcción (1978) y recrecimiento de la presa (1996), proyectos elaborados, respectivamente, por Intecsa y Geocisa ( filiales de Dragados y Construcciones). En la instrucción estaban imputados 26 personas: 13 técnicos de Geocisa, siete de Boliden Apirsa, tres ingenieros de Intecsa, dos funcionarios de la Junta de Andalucía y uno del Instituto Tecnológico Geominero Español (Ministerio de Medio Ambiente).Los delitos contra el medio ambiente pueden ser castigados con penas de prisión de seis meses a cuatro años, pero la juez se acoge al artículo 331 del Código Penal que permite sancionar con "la pena inferior en grado" en caso de que los supuestos hechos delictivos tuvieran su origen en "una imprudencia grave". Y la conclusión de Belhadj-Ben es tajante: "No concurren los elementos necesarios para la persecución penal".

La instructora no aprecia que en la rotura de la balsa minera se diesen los requisitos que definen una actuación imprudente - "la ausencia de absoluta cautela o la desatención grosera relevante de lo que es exigible a cualquier persona"- y para ello basa toda su argumentación en las conclusiones del informe pericial realizado por Antonio Gens y Eduardo Alonso, catedráticos de la Universidad Politécnica de Cataluña.

El informe pericial -cuya realización paralizó la instrucción durante más de nueve meses-, consideró que en los proyectos de construcción y recrecimiento de la balsa se había calculado mal la resistencia del subsuelo arcilloso sobre el que se aposentaba la balsa y la presión que ejercían los residuos mineros; de hecho, en el momento de la rotura, la presa apenas estaba a la mitad de su capacidad teórica (15 millones de metros cúbicos). En sus conclusiones, sin embargo, los peritos matizaban que los cálculos habían sido realizados conforme a la "práctica habitual o convencional", tal y como recoge en mayúsculas el auto de 39 folios.

"La información disponible apunta a que en la práctica convencional dichos fenómenos [la rotura progresiva en suelos arcillosos] no eran habitualmente considerados en los cálculos de estabilidad", corroboran los peritos en respuesta a preguntas de los abogados personados. La juez argumenta que "la culpa relacionada con la conducta de un profesional, con saberes y conocimientos específicos de prevención del daño" debe basarse en una actitud "negligente", que en esta caso no aprecia.

Acciones civiles

El auto cierra la vía de persecución penal, pero deja abierta la posibilidad de entablar acciones civiles para reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios. Eso sí, el coordinador de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, y el abogado de varios agricultores afectados por la riada tóxica, Jesús López de Lemús, anunciaron ayer que recurrirán ante la juez, y posteriormente ante la Audiencia de Sevilla, el archivo de las diligencias penales. El portavoz regional de Los Verdes, Ignacio Garrido, tildó de "escandalosa" la decisión judicial y recordó que Belhadj-Ben ya había archivado en 1996 diligencias por las filtraciones en el dique de la balsa minera.Las administraciones implicadas reaccionaron con más cautela. Tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Medio Ambiente esperarán a estudiar el auto para decidir si recurren el archivo de las diligencias penales o inician la vía civil.

Una factura de 40.000 millones

"El archivo de las diligencias penales supone que Boliden Apirsa ha actuado de una manera responsable". "La satisfacción es enorme porque el perjuicio al que se ha visto sometida Geocisa ha sido muy grande". Los representantes de las filiales de Boliden Limited y Dragados y Construcciones, las dos empresas implicadas en el accidente minero, mostraron ayer su alivio tras la decisión de la juez Celia Belhadj-Ben. Ahora, si los recursos no prosperan, a las Administraciones sólo les queda la vía civil para recuperar, al menos, parte de la factura pública del desastre: unos 40.000 millones.

La Junta y el Gobierno central se gastaron unos 20.000 millones de pesetas en limpiar unas 5.000 hectáreas del valle del Guadiamar de lodos tóxicos (ricos en metales pesados como el cinc o el arsénico) en apenas un año. Además, el Ejecutivo andaluz ha invertido otros 8.000 millones para garantizar la restauración medioambiental, objetivo que según los científicos está casi logrado dos años y medio después del desastre que convirtió al entorno de Doñana en la mayor extensión de suelo contaminado de la UE.

Para acometer su proyecto de regeneración, la Junta realizó una operación que fue muy criticada por los más de 200 propietarios agrícolas afectados: tras intentar la compra de las tierras (sólo pudo adquirir el 25%), decidió expropiarlas. La operación le costó a las arcas autonómicas más de 10.000 millones, pero a su vez, convirtió a la Junta en dueña, no sólo de las tierras, sino también de los derechos sobre posibles indemnizaciones.

Varios agricultores y la organización agraria Asaja recurrieron por la vía contencioso-administrativa la decisión autonómica, que consideran inconstitucional. Además de la Junta, algunos agricultores tienen todavía la opción de reclamar daños y perjuicios por las cosechas de 1999 y 2000 (Boliden ya indemnizó con 1.700 millones la de 1998) y por la pérdida de sistemas de riego y maquinarias. El Ministerio de Medio Ambiente, por tener las competencias sobre el dominio hidráulico del río Guadiamar) también podría recurrir a la vía civil.

Todos los afectados apuntan que pedirán cuentas a Boliden Apirsa. A su vez, la filial española de Boliden Limited "se reserva el derecho de actuar por la vía civil" contra las filiales de Dragados, según advierte en un comunicado difundido ayer. En lo que coinciden los expertos consultados es en la dificultad de pasarle el muerto a la matriz, Boliden Limited, al estar su filial española constituida como una sociedad limitada. Y la situación económica de Boliden Apirsa arroja aún más dudas: está en suspensión de pagos, con una deuda de 14.000 millones (sus activos valen 34.000 millones) y ya ha anunciado que dejará la explotación en noviembre de 2001.