"Puig busca favorecer a una empresa privada"
La Plataforma para el Desarrollo Sostenible del Macizo de Beret, que reúne a las principales organizaciones ecologistas españolas y extranjeras, ha realizado en el último año varias acciones de protesta y ha recogido más de 22.000 firmas contra la ampliación de Baqueira-Beret. Su portavoz y secretario general del grupo ecologista Ipcena de Lleida, Joan Vázquez Mendieta, ha sufrido agresiones e incluso ha recibido amenazas de muerte por encabezar la oposición al proyecto.Pregunta. ¿Qué motivos aduce la plataforma para una oposición tan frontal a la ampliación de Baqueira-Beret?
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La Plataforma para el Desarrollo Sostenible del Macizo de Beret, que reúne a las principales organizaciones ecologistas españolas y extranjeras, ha realizado en el último año varias acciones de protesta y ha recogido más de 22.000 firmas contra la ampliación de Baqueira-Beret. Su portavoz y secretario general del grupo ecologista Ipcena de Lleida, Joan Vázquez Mendieta, ha sufrido agresiones e incluso ha recibido amenazas de muerte por encabezar la oposición al proyecto.Pregunta. ¿Qué motivos aduce la plataforma para una oposición tan frontal a la ampliación de Baqueira-Beret?
Respuesta. Hay varias razones, pero la principal es que de autorizarse el proyecto significaría la destrucción del valle d'Àrreu, uno de los espacios naturales mejor conservados de todo el Pirineo catalán, como lo avala que en 1992 fuera incluido por el Gobierno de la Generalitat en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) y propuesto en 1996 como territorio de interés comunitario.
P. ¿Existe alguna alternativa diferente a la presentada por los promotores?
R. Sí. Hemos presentado una, pero no ha tenido respuesta. Lo que proponemos es abrir una vía de acceso al actual dominio esquiable de Baqueira-Beret desde el norte del Pallars Sobirà, en el municipio de Alt Àneu, aprovechando el corredor del puerto de la Bonaigua. Es una alternativa más económica y respetuosa con el paisaje, que consiste en construir dos estacionamientos para vehículos en la zona de la ermita de la Verge de les Ares y dos telecabinas para trasladar a los esquiadores hasta la estación sin pasar por el valle d'Àrreu. Esta solución descongestionaría las instalaciones del valle de Aran y permitiría un mejor aprovechamiento del actual dominio esquiable, que ahora sólo es del 50% de su capacidad. Y además, el Pallars Sobirà podría beneficiarse igualmente de la actividad de esquí.
P. Muchos vecinos de este territorio les acusan a ustedes, los ecologistas, de poner freno al progreso de la comarca.
R. Es cierto que nos consideran enemigos, pero deberían saber que los ecologistas no somos los responsables de que esta comarca sea una de las más deprimidas de Cataluña ni de que no tenga alternativas económicas. Es el Gobierno catalán el que la ha abandonado y la ha dejado en manos de empresas especuladoras. Es lamentable que en 20 años no haya sido capaz de construir un hospital comarcal y el túnel de la Bonaigua. Nosotros defendemos un desarrollo que sea respetuoso con el mayor activo económico que tiene la comarca, que es la naturaleza.
P. Ustedes han denunciado públicamente que la Generalitat defiende los intereses de una sociedad privada. ¿En qué se basan tales acusaciones?
R. Desde el primer momento, el consejero de Medio Ambiente, Felip Puig, ha estado a favor de la ampliación, creando con sus declaraciones unas expectativas muy generosas hacia determinados sectores y sabiendo que si se aprueba, la ampliación vulnerará la legalidad. Sus últimas maniobras van encaminadas a desproteger un espacio de interés natural para favorecer a una empresa privada, de la que la aseguradora Catalana de Occidente es accionista mayoritaria. Sería el primer caso en Europa en que se autoriza una estación de esquí en un espacio protegido, y ello puede constituir un delito de prevaricación.
P. ¿Qué medidas piensa adoptar la plataforma si finalmente se da luz verde al proyecto de ampliación de Baqueira-Beret hacia el Pallars Sobirà?
R. Por un lado se intensificará la presión social con actos de denuncia y movilizaciones y, por otro, recurriremos a la vía legal en todas sus versiones, la administrativa, la penal y la comunitaria. Estamos convencidos de que ni el juez más insensible en asuntos medioambientales autorizará un proyecto a todas luces ilegal como éste.