El terrorista Carlos dice que Libia le dio armas para asaltar la OPEP
Libia facilitó el "material de guerra" usado en el asalto a la sede de la OPEP en Viena, en 1975, según afirma el jefe de esa operación, Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos y El Chacal. La idea de ese asalto fue de "un jefe de Estado árabe", cuyo nombre no menciona, y el comando recibió su material del "actual viceministro libio de Asuntos Exteriores", se lee en una carta manuscrita de Carlos, cuya reproducción está en poder de este periódico. Chacal cumple cadena perpetua en Francia.
El caso de la OPEP evoca la toma como rehenes de 70 personas, que fueron retenidas hasta qu...
Libia facilitó el "material de guerra" usado en el asalto a la sede de la OPEP en Viena, en 1975, según afirma el jefe de esa operación, Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos y El Chacal. La idea de ese asalto fue de "un jefe de Estado árabe", cuyo nombre no menciona, y el comando recibió su material del "actual viceministro libio de Asuntos Exteriores", se lee en una carta manuscrita de Carlos, cuya reproducción está en poder de este periódico. Chacal cumple cadena perpetua en Francia.
El caso de la OPEP evoca la toma como rehenes de 70 personas, que fueron retenidas hasta que Arabia Saudí accedió a facilitar a los asaltantes 50 millones de dólares. El comando huyó a Argelia con sus rehenes y los ministros de la OPEP fueron liberados en la capital de este país, donde Carlos y el resto del comando escapó. Durante el asalto murieron tres personas, entre ellos un oficial de seguridad, cuyo asesinato ha sido atribuido por Carlos a uno de sus compañeros de comando, Hans Joachim Klein, durante el testimonio que aquél prestó el 28 de noviembre ante el tribunal alemán que juzga a este último.Carlos está condenado en Francia a cadena perpetua por el asesinato de dos agentes franceses de seguridad y de su informador libanés. El tribunal que juzga a Klein se trasladó a París para escuchar a Carlos, porque Francia no permitió el traslado a Francfort del hombre a quien en los años setenta y ochenta se denominaba "el enemigo público número uno". La transcripción de su testimonio le ha parecido a Carlos muy deficiente: "Una caricatura", afirma textualmente. Por ello ha remitido una carta a su abogada desde la prisión de La Santé, donde cumple condena, en solicitud de que se le escuche de nuevo y de que esta vez pueda hacerlo en Francfort.
Isabelle Coutant-Peyre, abogada de Carlos, asegura que la transcripción del testimonio prestado en París ha sido desfigurada, porque la mujer que tomaba notas de lo que iba explicando su cliente no pudo comprender bien lo que decía un hombre que hablaba "muy rápido y con fuerte acento español", mientras se le traducía, además, al alemán.
El interés de Carlos es el de "aclarar la verdad histórica". Su abogada recuerda que la Cámara de Acusación de París denegó, el 15 de diciembre de 1999, la extradición de Carlos a Austria por considerar que los hechos han prescrito. Además, ese asunto "quedó arreglado definitivamente por un acuerdo concluido entre Kreisky y el presidente argelino Boumedian, representado por su ministro de Asuntos Extranjeros, Abdelaziz Buteflika, que hoy es el presidente de la República argelina".
La letrada Coutant-Peyre presenta a Carlos como "un político" y niega que se le pueda calificar de terrorista o mercenario. "El caso de la OPEP fue estrictamente político; se trataba de un comando de la resistencia palestina". Además del caso por el que está condenado, Carlos tiene abiertos distintos procedimientos en Francia, instruidos por el juez antiterrorista Jean Louis Brugiere, de quien dice que niega sistemáticamente pruebas pedidas por la defensa. Así, en el caso del atentado contra el tren Capitol, que une París con Toulouse, la bomba, preparada para estallar en el asiento que tomaba siempre Jacques Chirac, no cogió a este último porque aquel día no tomó el tren. "Nosotros queríamos preguntar a Chirac, no como acusado, sino como simple testigo, qué hizo que no tomara aquel día el tren, pero el juez lo ha rechazado".
Este magistrado ha denegado también el interrogatorio de Mohamed Talbi, miembro de los GAL, en relación con otro atentado ferroviario que, siempre según la abogada de Carlos, estaba destinado a forzar a las autoridades francesas a que se mostraran más activas contra ETA. "Yo contesto todos los procedimientos abiertos contra mi cliente, puesto que desde el principio su encarcelamiento fue ilegal", agrega la abogada de Carlos, cuya versión es que este último fue "secuestrado en Sudán por policías franceses". El objetivo de la defensa es que "el Gobierno venezolano demande a Francia que ponga en libertad a mi cliente, que es un ciudadano venezolano. Sabe usted que Hugo Chávez escribió una carta personal a mi cliente, cuya publicación hizo mucho ruido... y que también fue interceptada por el juez".