Derecho o privilegio CARLES MARTÍNEZ

En Cataluña, en términos relativos, se ha producido un aumento notable de las unidades concertadas en las escuelas privadas y una reducción considerable de las de los centros públicos. Las últimas partidas presupuestarias confirman esta afirmación. Se ha argumentado que resulta más barato concertar que mantener centros públicos. Pero incluso desde un punto de vista estrictamente económico esto no es correcto. Habría que calcular también el coste social en términos de bienestar. No podemos olvidar que la educación es un bien preferente que, junto a la sanidad y a la vivienda, debe integrarse en...

En Cataluña, en términos relativos, se ha producido un aumento notable de las unidades concertadas en las escuelas privadas y una reducción considerable de las de los centros públicos. Las últimas partidas presupuestarias confirman esta afirmación. Se ha argumentado que resulta más barato concertar que mantener centros públicos. Pero incluso desde un punto de vista estrictamente económico esto no es correcto. Habría que calcular también el coste social en términos de bienestar. No podemos olvidar que la educación es un bien preferente que, junto a la sanidad y a la vivienda, debe integrarse en los mecanismos de redistribución de la renta de una sociedad democrática.Enseñanza ha convertido en principio rector el supuesto derecho de las familias a escoger centro educativo. Cabe decir que este derecho no está recogido en ningún marco jurídico. Pero además no es cierto que todas las familias puedan acceder a este derecho, ya que no todas pueden pagar las "aportaciones a la fundación" que exigen los centros concertados. Y si de este hipotético derecho sólo se benefician quienes pueden pagar entre 30.000 y 60.000 pesetas al mes por cada hijo, tal derecho deja de serlo y se convierte en un privilegio. Privilegio al que contribuimos todos, pues lo sufragamos con dinero público.

Nos encontramos, además, ante una enorme paradoja. La legalidad obliga a que la enseñanza en las escuelas concertadas sea gratuita, a que las aportaciones a las fundaciones siempre sean voluntarias y a que la Administración vele por el cumplimiento del ordenamiento jurídico. La realidad, sin embargo, es muy diferente. La enseñanza se cobra en estas escuelas y las aportaciones a las fundaciones se convierten en obligatorias. Existen, además, directrices políticas de Enseñanza hacia la inspección educativa para que adopte una postura de pasividad ante estas irregularidades. La situación supera la estricta responsabilidad política.

Este proceder del departamento, sumado a lo que pueda comportar el nuevo decreto de matriculación, hace que en estos momentos ya tengamos las primeras alarmas sonando. El riesgo de tener dos tipos de escuela: una privada para las capas altas y medias de la sociedad, y otra pública para los menos favorecidos, es un hecho. Y el riesgo de falta de cohesión social que esto puede comportar es enorme. Resulta inadmisible este sutil y paulatino sistema de aumentar conciertos, así como la actitud de la Generalitat de dejar la caja abierta cada vez que las patronales van a pedir más dinero público, más dinero de todos.

Carles Martínez es secretario general del sindicato USTEC-STE.