La fiscal no ve delito en la gestión de un diputado foral vizcaíno cuando era alcalde
La fiscal no ve un delito penal en la contratación irregular por parte de Patxi Sierra-sesumaga, actual diputado foral vizcaíno de Agricultura, de un pariente lejano en 1993, cuando era alcalde de Galdakao. Durante el juicio, celebrado ayer en la Audiencia de Bilbao, la acusación particular insistió en que Sierra-sesumaga cometió los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal, al prorrogar dos veces el contrato pese a los informes negativos del secretario municipal y la jefa de personal del Ayuntamiento de Galdakao.
El juicio, que tenía que haberse celebrado en 1996 y se ha demora...
La fiscal no ve un delito penal en la contratación irregular por parte de Patxi Sierra-sesumaga, actual diputado foral vizcaíno de Agricultura, de un pariente lejano en 1993, cuando era alcalde de Galdakao. Durante el juicio, celebrado ayer en la Audiencia de Bilbao, la acusación particular insistió en que Sierra-sesumaga cometió los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal, al prorrogar dos veces el contrato pese a los informes negativos del secretario municipal y la jefa de personal del Ayuntamiento de Galdakao.
El juicio, que tenía que haberse celebrado en 1996 y se ha demorado hasta ahora por varias paralizaciones, se basa en una denuncia interpuesta en 1994 por un funcionario del Ayuntamiento de Galdakao. Éste acusaba al entonces alcalde Patxi Sierra-sesumaga de prorrogar el contrato para un puesto de economista "de un familiar", que era primo tercero suyo, por dos ocasiones, pese a sendos informes elaborados por el secretario municipal y la jefa de personal que advertían de su ilegalidad.El denunciante era el titular de esta plaza y quedó relegado sin asignársele ninguna función. Por esto, el Ayuntamiento de Galdakao tuvo que indemnizarle posteriormente con 200.000 pesetas y en 1997 la Inspección de Trabajo del Gobierno vasco multó al consistorio con dos millones de pesetas por discriminación al trabajador, una cantidad que, ante la negativa a abonarse, se cobró mediante la retirada de una subvención de 1,8 millones que iba destinada al plan de prevención de drogodependencias.
En la vista de ayer, en la que comparecieron ocho testigos, entre ellos el secretario, el interventor y la jefa de personal de Galdakao, tanto la acusación como la defensa coincidieron en la irregularidad de las prórrogas del contrato, puesto que suponían la conversión en una situación laboral fija. "Es la entrada como funcionario por la puerta de atrás", expuso varias veces el abogado de la acusación.
La fiscal expuso en sus conclusiones que esta anomalía "no ha sido cuestionada en ningún momento", pero consideró que el entonces alcalde no es el responsable de la modalidad de contratación elegida. "Esta vista ha sido más propia de un juzgado de lo social que de esta sala. Entendemos que los hechos no son constitutivos de delito y que la sanción de la Inspección de Trabajo fue el trámite procedente".
La acusación sostuvo que la decisión de prorrogar el contrato "sale del alcalde", porque ningún informe lo avalaba, y recordó que Sierra-sesumaga fue advertido de la ilegalidad. "Aunque en esta sala ha dicho que nadie le avisó, fue advertido por el secretario y el inspector de Trabajo, como han declarado". Por ello, estimó que hay un delito de nombramiento ilegal y otro de prevaricación. "Él es quien decide que se contrate de esa manera y con esa prórroga. No hay ningún respeto de la legalidad por parte del acusado", concluyó.
La defensa afirmó que la vista evidencia "la carencia de intencionalidad" del acusado, quien "no determinó la modalidad de contratación, porque no es su competencia". Se refirió al "incumplimiento flagrante" de otros funcionarios municipales y dijo que el querellante tiene "una persecución judicial" sobre Sierra-sesumaga, dado que "es el tercer pleito de la misma persona".