El ex delegado de Salud de Jaén, condenado por el caso de facturas falsas
La Audiencia de Jáen ha condenado a Mateo Herrera, ex delegado de Salud, a un año de prisión y al pago de una multa de 300.000 pesetas por el caso de las facturas falsas, que permitió a la empresa Cerlín apropiarse de 11,6 millones de pesetas de operaciones que no se realizaron o facturadas por un importe superior al estipulado. Igual que Herrera, han sido condenados sus subordinados Marcial Mariscal y José Luis Molina por falsedad en documento oficial. La pena para los responsables de Cerlín Araceli Martínez, Juan Manuel López Sagastizábal y el médico Eduardo Bonet es de dos años.
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La Audiencia de Jáen ha condenado a Mateo Herrera, ex delegado de Salud, a un año de prisión y al pago de una multa de 300.000 pesetas por el caso de las facturas falsas, que permitió a la empresa Cerlín apropiarse de 11,6 millones de pesetas de operaciones que no se realizaron o facturadas por un importe superior al estipulado. Igual que Herrera, han sido condenados sus subordinados Marcial Mariscal y José Luis Molina por falsedad en documento oficial. La pena para los responsables de Cerlín Araceli Martínez, Juan Manuel López Sagastizábal y el médico Eduardo Bonet es de dos años.
No hubo lucro personal
Los trabajadores de la clínica fueron, según el fallo, cooperadores necesarios de falsedad en documento oficial y estafa. Además, conjuntamente, tendrán que indemnizar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) con el importe total de la cantidad defraudada.La estafa se produjo en el marco del concierto firmado en 1994 entre el SAS y la empresa Cerlín de Linares para hacer operaciones concertadas, que tenían como objetivo reducir las listas de espera quirúrgicas. Este concierto tenía un presupuesto de 110 millones de pesetas, que se amplió en otros 22.
La sentencia explica que, en una fecha no determinada, se celebró una reunión en el despacho del entonces delegado de Salud, Mateo Herrera, con dos responsables de Cerlín en la que se modificó el contrato firmado con el objetivo de que en los servicios centrales del SAS constase que se había consumido el presupuesto. Los empresarios se comprometieron a facturar operaciones no realizadas, pero que se harían en 1995.
"En ningún caso, con la modificación irregular acordada, los responsables del SAS obtuvieron beneficio económico alguno ni pensaron que éste se pudiera obtener por parte del resto de acusados, aunque con su actuación facilitaron este beneficio ilícito", señala la sentencia. "Cada una de las partes", prosigue, "tenía una intención: Herrera, Molina y Mariscal, todos ellos con cargos de libre designación, querían que las listas de espera en Jaén disminuyeran todo lo posible. Fin que se consiguió, ya que fue el único año que terminó con esperas no superiores a seis meses".Los responsables de Cerlín sí vieron la posibilidad de obtener dinero fácil. "Se aprovecharon de tal circunstancia y de la falta de control de los responsables del SAS para obtener cantidades superiores a las pactadas por operaciones realmente practicadas".
La sentencia recoge que, de las 672 operaciones facturadas al SAS por Cerlín entre mayo y diciembre de 1994, hay discrepancias en 102 casos entre el proceso quirúrgico facturado y el realmente realizado. El auto recopila todos estos casos, entre los que figura, por ejemplo, una operación de cataratas que se facturó como hernia discal, intervención mucho más cara. Esta misma situación se dio en otras 47 ocasiones. "La Consejería de Salud abonó a Cerlín la cantidad total de 11.620.000 pesetas que no corresponde con las prestaciones asistenciales realmente realizadas", finaliza el apartado de hechos probados de la sentencia.