Nueve comunidades han hecho cuentas

Nueve comunidades autónomas han calculado ya el coste de poner en marcha los cambios en la educación secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato que Educación aprobará antes de fin de año: algo más de 16.000 millones de pesetas es la cifra provisional a falta de que otras ocho comunidades hagan también sus cuentas. Entre quienes ya tienen cifras están Andalucía (5.500 millones), Asturias (1.200), Castilla-La Mancha (3.027), Cataluña (2.000), Comunidad Valenciana (600), Extremadura (1.000) y Madrid (2.219). Aragón y Baleares cuentan sólo con un cálculo preliminar que en ambos casos ronda los 55...

Nueve comunidades autónomas han calculado ya el coste de poner en marcha los cambios en la educación secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato que Educación aprobará antes de fin de año: algo más de 16.000 millones de pesetas es la cifra provisional a falta de que otras ocho comunidades hagan también sus cuentas. Entre quienes ya tienen cifras están Andalucía (5.500 millones), Asturias (1.200), Castilla-La Mancha (3.027), Cataluña (2.000), Comunidad Valenciana (600), Extremadura (1.000) y Madrid (2.219). Aragón y Baleares cuentan sólo con un cálculo preliminar que en ambos casos ronda los 550 millones de pesetas. La petición de estas nueve comunidades supone un 40% más de lo que ofrece el Gobierno para toda España.La mayor parte de esa partida (que las comunidades piden que sea totalmente financiada por el Gobierno) recae en dos capítulos: la necesidad de nuevos profesores para hacer frente al incremento horario en lengua y matemáticas (una hora semanal en 1º y 2º de ESO) y en filosofía (dos horas en 2º de bachillerato), y la compra de equipos informáticos para afrontar la inclusión de esta materia en la asignatura de tecnología.

No todos los cambios son novedades: algunas comunidades como Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana han implantado ya, por decisión propia, la hora extra de lengua y matemáticas. Por tanto, es un gasto al que ya hacen frente. Sin embargo, la obligación de implantarlas por decisión del Gobierno les ha hecho tomar medidas distintas. Mientras la Generalitat valenciana no ha incluido ese dinero como extra imputable a la reforma y lo seguirá sacando de su propio presupuesto, Andalucía y Cataluña han decidido que los cambios propuestos por el Gobierno deben ser financiados por él, y han sacado el dinero que dedican a ese capítulo para endosarlo como reclamación al Gobierno.