Actitud rechazable

Un grupo de padres de niños españoles de un colegio ceutí, cuyos alumnos son en un 30% magrebíes y musulmanes, se opone a que otros 30 niños inmigrantes de procedencia marroquí, en edades comprendidas entre 13 y 16 años, sean escolarizados en dicho centro, como ha ordenado la Fiscalía de Menores de Ceuta. En cualquier lugar de España esa actitud sería condenable. En Ceuta es, además, chocante. Sorprende verdaderamente que en una comunidad multiétnica y pluriconfesional como la ceutí, acostumbrada, por tanto, a una convivencia entre niños de diversas culturas, se produzcan estas actitudes de re...

Un grupo de padres de niños españoles de un colegio ceutí, cuyos alumnos son en un 30% magrebíes y musulmanes, se opone a que otros 30 niños inmigrantes de procedencia marroquí, en edades comprendidas entre 13 y 16 años, sean escolarizados en dicho centro, como ha ordenado la Fiscalía de Menores de Ceuta. En cualquier lugar de España esa actitud sería condenable. En Ceuta es, además, chocante. Sorprende verdaderamente que en una comunidad multiétnica y pluriconfesional como la ceutí, acostumbrada, por tanto, a una convivencia entre niños de diversas culturas, se produzcan estas actitudes de rechazo.Ceuta es una ciudad de 75.000 habitantes, de los que unos 30.000 son de origen bereber y de religión musulmana. Al menos 4.000 escolares menores de 14 años son magrebíes y musulmanes. Casi todos ellos están escolarizados en centros públicos. ¿Qué pasa,pues, con estos 30 niños y a qué se debe el rechazo frontal a su escolarización? Como suele suceder en estos casos, los padres opositores camuflan sus prejucios racistas o xenófobos -se trate de gitanos o de inmigrantes- en el supuesto carácter conflictivo de estos niños y en el riesgo que puede entrañar para sus hijos su proximidad en las aulas. Se trata de niños marroquíes llegados a Ceuta tras burlar los controles fronterizos y que se quedan en la ciudad mientras las autoridades localizan a sus familias en su país de origen. Entretanto, permanecen acogidos en instituciones españolas, que, de acuerdo con las leyes de inmigración, procuran integrarlos y que su situación de desamparo no agudice todavía más su desarraigo social.

En situaciones como ésta, las autoridades no deben transigir, sino conjugar la firmeza con el diálogo. Las leyes españolas garantizan el derecho de escolarización de estos niños. Es impresentable que los padres opositores pongan a sus hijos como pantalla -"tenemos que preocuparnos ante todo de nuestros hijos", dicen- para justificar su rechazo a la escolarización de otros niños. La ministra de Educación ha afirmado que su departamento garantizará la escolarización de estos 30 niños inmigrantes, y el Defensor del Pueblo ha anunciado su intervención de oficio en el asunto. Bajo ningún concepto debe permitirse que prejuicios racistas o xenófobos, explícitos o no, se antepongan al derecho de unos niños a recibir una educación integrada.