Parlamentarista 'a la vasca'

La decisión del Gobierno vasco de no presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de 2001 para la comunidad autónoma ha suscitado las lógicas denuncias de la oposición sobre la incapacidad del Ejecutivo para gobernar, pero, sin embargo, no se ha recalcado lo suficiente que tal decisión vulnera todas las reglas del juego de la forma de gobierno parlamentaria y nos hace volver a los negros períodos del parlamentarismo artificial de Isabel II a mediados del siglo XIX. Aunque tal vez esto último represente la constatación de que los nacionalistas vascos simbolizan la tradición española m...

La decisión del Gobierno vasco de no presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de 2001 para la comunidad autónoma ha suscitado las lógicas denuncias de la oposición sobre la incapacidad del Ejecutivo para gobernar, pero, sin embargo, no se ha recalcado lo suficiente que tal decisión vulnera todas las reglas del juego de la forma de gobierno parlamentaria y nos hace volver a los negros períodos del parlamentarismo artificial de Isabel II a mediados del siglo XIX. Aunque tal vez esto último represente la constatación de que los nacionalistas vascos simbolizan la tradición española más rancia, creo que no debe dejarse de lado y, por ello, es necesaria su denuncia ante la opinión pública. Expondré a continuación las razones que me llevan a la posición aquí mantenida.Todo arranca de la misma aprobación del Estatuto cuando se decidió no definir la forma de gobierno de la comunidad autónoma vasca, para evitar injerencias "externas" al ser el Estatuto una ley orgánica española, y remitirse a una ley posterior. Esta ley fue la 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, que estableció una forma de gobierno parlamentaria de las que se denominan racionalizadas, es decir, con regulación estricta de los mecanismos parlamentarios (investidura, cuestión de confianza, moción de censura) y, fundamentalmente, con la introducción de la moción de censura constructiva. Paradójicamente, este tipo de parlamentarismo racionalizado es el mismo que la Constitución española ha establecido, por lo que sus importadores vascos, como en tantas otras cosas (sistema electoral, por ejemplo) se dedicaron a copiar a los vituperados españoles. El problema es que tal importación permite que un gobierno minoritario pueda seguir gobernando ya que exige para su destitución parlamentaria la oposición de la mayoría absoluta y unida en torno a un candidato común a la Lehendakaritza, es decir, la conjunción de una amalgama política que iría de UA a EH pasando por PP, PSE e IU. Si tales condiciones no se producen, el gobierno minoritario sigue gobernando, pero fuera ya de toda lógica política democrática.

Vistos los datos legales de definición del sistema parlamentario vasco, pasemos a analizar la situación actual del Gobierno Ibarretxe. Al margen de la dudosa legitimidad moral inicial de estar apoyado por un grupo parlamentario antisistema como EH, el Gobierno Ibarretxe tenía la legitimidad formal para gobernar a partir de mayo de 1999. Sin embargo, la ruptura formal parlamentaria con EH este año 2000 produjo una situación en la que el Gobierno pasó a ser claramente minoritario frente a la oposición constitucionalista (PP, PSE, UA). La continuidad de un gobierno de este tipo sólo puede producirse por un breve período de tiempo hasta recomponer una nueva mayoría y siempre que el Parlamento no proclame expresamente que ha perdido la confianza en el Ejecutivo.

Sin embargo, las mociones de censura que el Gobierno Ibarretxe pudo superar por la exigencia legal de la mayoría absoluta demostraron ya definitivamente su minoría real ya que obtuvo por dos veces menos votos que la oposición constitucionalista. Y aquí es donde deberían haber empezado a funcionar las reglas del parlamentarismo, entendido a la manera europea: un gobierno al que el Parlamento ha otorgado menos sufragios que los obtenidos por la oposición en una moción de censura sólo puede continuar gobernando si es capaz, en un muy corto plazo de tiempo, de buscar una nueva mayoría parlamentaria que le permita contar con apoyos suficientes para seguir gobernando en el amplio sentido de la palabra, no exclusivamente vegetando como gobierno. En todo caso, el Gobierno, para poder seguir gobernando democráticamente en un sistema parlamentario, ha de tener mayoría suficiente para cuando se produzca la votación decisiva del año y ésta es la del proyecto de ley de Presupuestos Generales en el que se plasma la política gubernamental para el siguiente ejercicio. Si el Gobierno pierde la votación en tal proyecto de ley no tiene otra salida, en un sistema parlamentario democrático, que dimitir y convocar elecciones. No hay alternativa posible. El expediente buscado por el Gobierno Ibarretxe (no presentar el proyecto de ley por que está perdido de antemano) es equivalente a la derrota parlamentaria anticipada y, volviendo al principio de este artículo, nos retrotrae a la España cutre de mediados del siglo XIX cuando en la década de 1845 a 1854 sólo se aprobó la ley de Presupuestos para 1845, prorrogándose los de ese año hasta 1848. Al final de ese período (de 1852 a 1854) se establecieron los presupuestos a través de simples reales decretos, lo que confiemos no sea un precedente para la Euskadi actual.

Todo lo anterior demuestra que el Gobierno Ibarretxe debería haber dimitido ya, siendo en estos momentos un gobierno al margen de las reglas del parlamentarismo democrático o, tal vez, asumiendo subrepticiamente un parlamentarismo vasco como otros propugnan una democracia vasca. Y deberíamos recordar que las instituciones no se reivindican en conmemoraciones vacías, sino respetando las reglas del juego democrático.

Eduardo Vírgala Foruria es profesor titular de Derecho Constitucional de la UPV..