La precariedad de los jóvenes investigadores
Durante la presentación del Gobierno tras las últimas elecciones, pudimos oír las declaraciones por parte del presidente Aznar sobre cómo se llegaría al 2% del PIB en gastos de I+D. El objetivo principal sería potenciar la investigación, de forma que ésta llegara a ser uno de los cuatro pilares fundamentales de la legislatura. A estas pretensiones se añadía la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.Dentro del desconocimiento general sobre lo que es la realidad de investigar en España, se incluye la situación estatutaria del llamado personal investigador en formación (PIF), donde se in...
Durante la presentación del Gobierno tras las últimas elecciones, pudimos oír las declaraciones por parte del presidente Aznar sobre cómo se llegaría al 2% del PIB en gastos de I+D. El objetivo principal sería potenciar la investigación, de forma que ésta llegara a ser uno de los cuatro pilares fundamentales de la legislatura. A estas pretensiones se añadía la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.Dentro del desconocimiento general sobre lo que es la realidad de investigar en España, se incluye la situación estatutaria del llamado personal investigador en formación (PIF), donde se incluyen becarios de investigación predoctorales y posdoctorales, así como otras figuras no delimitadas. Esta situación se prolonga durante todo el periodo considerado de formación, y que puede prolongarse de cuatro a 10 o más años. El desarrollo de los proyectos de investigación depende en gran medida del trabajo de los becarios, así como en muchas ocasiones también las tareas docentes, administrativas y de mantenimiento en los respectivos centros. Esto les convierte en una parte fundamental e imprescindible del personal científico.
A pesar de que la labor del becario no se diferencia a grandes rasgos de la de otros investigadores contratados, su situación laboral no tiene una regulación explícita pues formalmente se considera que está realizando unos estudios. La falta de reconocimiento de su trabajo como tal le imposibilita cotizar a la Seguridad Social, con todas las consecuencias que ello conlleva (innumerables dificultades a la hora de conseguir cobertura médica completa, ausencia de prestación por desempleo y a efectos de jubilación, falta de representación en los órganos de gobierno de sus centros...). Esta circunstancia se ve agravada si cabe por las escasas salidas en el campo de la investigación que en la actualidad se encuentran en nuestro país. En muchas ocasiones se ha hablado de la fuga de cerebros, pero pocas veces se ha mencionado que muchas personas valiosas abandonan la carrera científica en España durante estos primeros años, restando sentido al dinero invertido en su formación.
Dada la ausencia de una estadística, además de la falta de información por parte del Gobierno central y de los autonómicos, no es fácil asegurar cuál es el número de personas en esta situación. Según otros datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), se puede estimar que hay unas 15.000 personas en esta situación, ganando aproximadamente 1.400.000 de pesetas al año. Sobre la base de esta estimación, hay 21.000 millones de pesetas anuales correspondientes a una política I+D cuyo rendimiento aún está por evaluar.
Se hace necesaria una profunda revisión del actual sistema de formación de personal investigador, no contemplada ni en la Ley de Reforma Universitaria ni en el reciente Informe Bricall. Últimamente, algunos medios de comunicación se han comenzado a hacer eco de esta situación problemática (entre ellos, la revista Nature), tras una serie de movilizaciones de los afectados y coincidiendo con la creación de la Federación Estatal de Asociaciones de Personal Investigador en Formación Precarios (http://www.precarios.org).
Entre las diversas organizaciones con las que la Federación Estatal se ha puesto en contacto se encuentran representantes en el Parlamento, el Defensor del Pueblo, equipos rectorales de algunas de las universidades del país, así como el presidente del Consjeo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la ministra Anna Birulés, sin que se haya obtenido una postura definida respecto de las reclamaciones del colectivo.
Recientemente, la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, declaró que "un becario no es lo mismo que un trabajador laboral temporal". Parece apropiada una aclaración más en detalle sobre esta diferencia, siendo para ello preciso un mayor conocimiento de la situación de la investigación y los investigadores en España, así como un análisis comparativo con el resto de los países de la Unión Europea. Si su pretensión es "revitalizar y darle la importancia a veces no reconocida a la carrera de investigador", poco puede conseguir sin cambiar la actual política de mecenazgo. Dejar de hacerlo sería perpetuar en una situación injusta a un gran número de personas que forman el futuro de la ciencia española y una de sus mayores fuerzas de trabajo.
Óscar Rodríguez de la Fuente y Ángeles Rodríguez de Cara son becarios de investigación y representantes de la Federación Estatal de Asociaciones de Personal Investigador en Formación Precarios.