El único plan de integración laboral de enfermos mentales corre peligro

¿Cómo puede dejarse morir un programa que ha logrado insertar laboralmente a enfermos mentales? Familiares y expertos que trabajan en el proyecto europeo Ágora se preguntaban ayer por la falta de compromiso de la Administración de hacerse cargo de los 85 millones provenientes de los fondos europeos que lo sustentan y que desaparecerán en 2001. Unas 170 personas con trastorno psicótico han pasado por el programa, centrado en la recuperación social y laboral de los pacientes.

Familiares de enfermos mentales apelaron directamente a los representantes de la Administración que acudieron ayer...

¿Cómo puede dejarse morir un programa que ha logrado insertar laboralmente a enfermos mentales? Familiares y expertos que trabajan en el proyecto europeo Ágora se preguntaban ayer por la falta de compromiso de la Administración de hacerse cargo de los 85 millones provenientes de los fondos europeos que lo sustentan y que desaparecerán en 2001. Unas 170 personas con trastorno psicótico han pasado por el programa, centrado en la recuperación social y laboral de los pacientes.

Familiares de enfermos mentales apelaron directamente a los representantes de la Administración que acudieron ayer a las segundas Jornadas del Programa Ágora para pedir explicaciones sobre su falta de compromiso para asumir el dinero que el Fondo Social Europeo dejará de aportar el próximo año. Bruselas concede 85 millones del programa destinado a la inserción social y laboral de personas con enfermedades mentales crónicas o en vías de cronificar. Sus responsables destacaron el alto grado de efectividad de un proyecto que sacó a la calle a 170 enfermos -muchos de los cuales no hacían más vida que la que realizaban desde su habitación- y logró que un 30% de ellos obtuvieran una completa capacitación sociolaboral y trabajaran "cobrando de acuerdo con el sueldo de su gremio", según destacaba orgullosa la coordinadora del proyecto, María Huertas. A ellos se suman, según los responsables del programa, otro 30% en proceso de capacitación sociolaboral y otro 40% que necesitará apoyo durante toda su vida, pero a quienes se les ha ofrecido la posibilidad de acceder a recursos que tenían vetados.A la vista de estos resultados, ¿por qué la falta de compromisos concretos por parte de la Administración para mantener vivo el programa?, se preguntaban familiares y expertos. El diputado de Sanidad del PP en la Diputación de Valencia, Eugenio Pérez Mifsud, afirmaba con la boca pequeña que la institución provincial "no podría llegar a los niveles de colaboración del Fondo Social Europeo". En parecidos términos se pronunció el director general de integración social de discapacitados de la Consejería de Bienestar Social, Francisco Reverte, quien ofreció a los representantes del programa que se presentaran a las ofertas de subvenciones del departamento.

"Es fundamental que el programa tenga continuidad", se lamentaba ayer la coordinadora de Ágora, la psiquiatra María Huertas. Huertas se remitió a los cinco años de trabajo que lleva a cuestas esta iniciativa y la necesidad de seguir por el camino de estos años. Siempre bajo el amparo de Bruselas, en 1995 se logró implicar al Fondo Social Europeo para el programa bianual denominado Albanta.

Las iniciativas sociales que apoya Bruselas pretenden dar el impulso inicial que permita consolidar un proyecto y que la Administración tome el relevo de los fondos europeos. El Fondo Social aportó para este año 85 millones de pesetas -el 75% de los fondos- mientras que los otros 28 millones restantes se los repartirían la Diputación -con un 11%- y con cantidades menores la Consejería de Empleo, Bienestar Social, Industria, la Caja de Ahorros del Mediterráneo y la Mancomunidad de L'Horta Sud.

A finales de este año, el proyecto se encontrará consolidado. Ahora "las instituciones competentes de la Comunidad tienen la palabra para decidir o no su continuidad", como se recoge en el resumen de actividad del programa presentado ayer.