Exculpados el consejero de Sanidad y el gerente que rechazó la privatización
José Yáñez Román, gerente de la funeraria municipal hasta el invierno de 1992, cuando la empresa era totalmente pública, y José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y asesor técnico del Ayuntamiento en el proceso de privatización, (entre julio y diciembre de 1992), han sido exculpados en el caso funeraria.Yáñez, conocedor de la situación de la funeraria, se opuso a su privatización, incluso por escrito, y fue destituido por el PP. Echániz fue uno de los asesores del gobierno municipal que trabajó en la privatización de una parte de la funeraria, entonces monop...
José Yáñez Román, gerente de la funeraria municipal hasta el invierno de 1992, cuando la empresa era totalmente pública, y José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y asesor técnico del Ayuntamiento en el proceso de privatización, (entre julio y diciembre de 1992), han sido exculpados en el caso funeraria.Yáñez, conocedor de la situación de la funeraria, se opuso a su privatización, incluso por escrito, y fue destituido por el PP. Echániz fue uno de los asesores del gobierno municipal que trabajó en la privatización de una parte de la funeraria, entonces monopolio del Ayuntamiento.
Dicho monopolio, que había dado beneficios hasta 1990, fue vendido por 100 pesetas y, al año siguiente, dio unos beneficios de 800 millones. La principal beneficiaria del negocio fue Funespaña, una empresa privada cuyo capital social había sido aportado principalmente por José Ignacio Rodrigo, un abogado fichado a dedo por el PP para asesorar en el proceso de privatización.
La Fiscalía Anticorrupción se había querellado contra Echániz y Yáñez y contra otras doce personas, entre las que destacan cuatro concejales del PP y los principales dirigentes de la empresa que se quedó con el 49% de la funeraria.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto ahora el "sobreseimiento provisional de la causa" que se seguía contra Yáñez y Echániz.
En el caso de Yáñez, el Tribunal Superior recuerda que la privatización de la funeraria "tuvo lugar cuando Yáñez ya había cesado en el cargo de gerente de la misma y, a mayor abundamiento, se había opuesto a las condiciones en que se llevó a cabo".
La querella contra Echániz se sustentaba en una supuesta negociación prohibida a funcionarios, según la Fiscalía Anticorrupción. Pero el Tribunal Superior de Justicia entiende que de las pruebas practicadas no puede deducirse que hubiese tenido intervención en decisiones relacionadas con dicha adjudicación".
El Tribunal aclara que no ha acordado el archivo definitivo "al no poder descartarse de manera segura la posibilidad de que aparezcan indicios de criminalidad".