El 80% de las urbanizaciones ilegales carece de alcantarillado

El informe especial del Defensor del Pueblo sobre las urbanizaciones ilegales en Andalucía hace hincapié en los problemas de salubridad pública y contaminación generados en los asentamientos ilegales por sus deficiencias. Uno de los aspectos más preocupantes para la institución son la proliferación de pozos ilegales, construidos para suministrar agua a los residentes, y de pozos negros o ciegos, a los que van a parar las aguas residuales y que causan un importante daño en los acuíferos. Sólo el 20% de estos núcleos cuenta con una red de alcantarillado, el resto vierte las aguas fecales a fosas...

El informe especial del Defensor del Pueblo sobre las urbanizaciones ilegales en Andalucía hace hincapié en los problemas de salubridad pública y contaminación generados en los asentamientos ilegales por sus deficiencias. Uno de los aspectos más preocupantes para la institución son la proliferación de pozos ilegales, construidos para suministrar agua a los residentes, y de pozos negros o ciegos, a los que van a parar las aguas residuales y que causan un importante daño en los acuíferos. Sólo el 20% de estos núcleos cuenta con una red de alcantarillado, el resto vierte las aguas fecales a fosas sépticas. Una práctica especialamente peligrosa teniendo en cuenta que la mayoría de las parcelaciones se abastecen de agua potable en pozos próximos. La contaminación del dominio público hídrico puede conllevar, sostiene el estudio, "graves riesgos para la salud de los residentes".

La evacuación de las aguas residuales representa uno de los aspectos más preocupantes para el Defensor del Pueblo. Las filtraciones, el afloramiento de aguas fecales a la superficie o de vertidos a los cauces públicos constituye "una realidad frecuente y constatable". El documento subraya la contradicción que se aprecia en algunas experiencias: "La búsqueda del encuentro con la naturaleza que, en algunos casos, motiva estas parcelaciones se traduce en la destrucción de dicha naturaleza".

Los pozos excavados en las parcelas clandestinas para el suministro de agua carecen de la autorización del organismo de cuenca casi siempre. A menudo, señala el informe, son aguas sin analizar, lo que pone en solfa su potabilidad para el consumo humano. "De no mediar un uso prudente de este agua, los perjuicios para la salud podrían resultar muy graves", recoge el texto.

En los casos en los que existe un red de abastecimiento de agua potable, sólo un 25% funciona de forma adecuada. Son frecuentes las interrupciones del servicio y el "posible mal estado sanitario del agua desde su propio origen o por filtraciones que propicie el mal estado de la red".