La Ley de Acceso Motorizado al Medio Natural no se aplica por falta de recursos
La Ley de Acceso Motorizado al Medio Natural que el Parlament aprobó en 1995 cayó en saco roto. El pasado mes de junio expiró el plazo para su culminación sin que ni tan siquiera se hayan puesto las bases de uno de sus objetivos más ambiciosos: un inventario exhaustivo de caminos para regular cuáles son aptos para la circulación motorizada y cuáles deben mantenerse a salvo de la degradación de motocicletas y vehículos todoterreno. Los consejos comarcales eran los encargados de impulsar la ley.
La Asociación de Naturalistas de Girona (ANG) ha realizado en aquella demarcación un pormenori...
La Ley de Acceso Motorizado al Medio Natural que el Parlament aprobó en 1995 cayó en saco roto. El pasado mes de junio expiró el plazo para su culminación sin que ni tan siquiera se hayan puesto las bases de uno de sus objetivos más ambiciosos: un inventario exhaustivo de caminos para regular cuáles son aptos para la circulación motorizada y cuáles deben mantenerse a salvo de la degradación de motocicletas y vehículos todoterreno. Los consejos comarcales eran los encargados de impulsar la ley.
Fenómeno creciente
La Asociación de Naturalistas de Girona (ANG) ha realizado en aquella demarcación un pormenorizado estudio sobre el desarrollo de la ley, que la Generalitat dejó en manos de los consejos comarcales, y ha llegado a la desalentadora conclusión de que algunos de estos organismos de la Administración local ni siquiera han realizado la petición de inventarios a los consistorios de su demarcación. La mayoría de los ayuntamientos no han respondido a la demanda. Según aseguró ayer Enric Pardo, portavoz de la ANG, la situación en el resto de Cataluña es igual o peor que la que se ha observado en Girona.La aplicación de esta normativa depende del Departamento de Medio Ambiente, a cuyo frente figura Felip Puig.
La Ley de Acceso Motorizado al Medio Natural surgió de la necesidad de regular el fenómeno creciente de los vehículos todoterreno, que en 1992 empezaron a ser adquiridos masivamente por los consumidores, quienes se lanzaron a la conquista de los más singulares parajes naturales del territorio. Los ecologistas consideran que la elaboración de este inventario resultaba crucial, puesto que la mayoría de los municipios no han realizado una revisión de sus caminos públicos desde la época de la República.Además, los nuevos mapas de propiedad permitirían acabar con las controversias sobre el derecho de paso por determinados caminos rurales que han sido cerrados por los dueños del terreno. Este trabajo, además de aportar su función protectora, clarificaría la propiedad de las vías públicas del 80% del territorio catalán.
La ley facultó a los consejos comarcales para coordinar las tareas de cartografía, y éstos debían consultar a los ayuntamientos, los propietarios de los terrenos y el público en general. "Pero esta fantástica ley era inviable sin un presupuesto que la acompañase y sin directrices técnicas hacia los consejos", lamenta Pardo. Los ayuntamientos, según denuncia la ANG, sin recursos suficientes e inmersos en la gestión diaria, han sido también incapaces de cumplir el mandato de la ley. La mayor parte ni siquiera tienen noticia de que el Parlament aprobara una iniciativa semejante.
Los ecologistas piden ahora que se abra un nuevo plazo, no antes de que la Generalitat facilite a los consejos comarcales las bases cartográficas y los ortofotomapas del Instituto Cartográfico de Cataluña y les dote de un sistema de información geográfica.
También reclaman que los ayuntamientos y los organismos comarcales dispongan de partidas presupuestarias destinadas a contratar personal preparado para realizar el mandato del Parlament.
La ANG afirma que no tiene sentido aprobar leyes que no se cumplen y caen en el olvido sin que nadie exija responsabilidades al Gobierno. Los ecologistas no descartan acudir a la vía de lo contencioso administrativo. "Parece que las leyes que imponen obligaciones a los ciudadanos deben cumplirse si no quieres que te sancionen, pero las que afectan a la Administración pueden alargarse y encogerse a voluntad", ironizó Pardo.
La Ley de Acceso Motorizado al Medio Natural sufrió en su momento las presiones de la industria automovilística, que consiguió aguar considerablemente las pretensiones de partida de la reglamentación. La ley, entre otras cosas, prohíbe circular a campo traviesa y por las márgenes de los ríos. En algunos casos, según la ANG, incluso los decretos que desplegaron la ley entraban en contradicción con la misma norma, puesto que la prohibición de circular por caminos de una anchura inferior a cuatro metros sufrió un recorte de un metro en el reglamento.
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