El 90% de los establecimientos andaluces tiene ya libertad total para fijar su horario comercial
El coordinador regional de IU, Antonio Romero, envió ayer una carta al presidente de la Junta, Manuel Chaves, en la que le pide que presente un recurso de inconstitucionalidad al decreto ley del Gobierno central de horarios comerciales. Fuentes del Ejecutivo andaluz precisaron que la nueva regulación estatal ha venido a desplazar la legislación autonómica, al ser una norma básica de aplicación directa. El decreto autoriza desde el pasado 25 de junio la libertad total de horarios para los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados, que en Andalucía son el 90% de los comercios.
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El coordinador regional de IU, Antonio Romero, envió ayer una carta al presidente de la Junta, Manuel Chaves, en la que le pide que presente un recurso de inconstitucionalidad al decreto ley del Gobierno central de horarios comerciales. Fuentes del Ejecutivo andaluz precisaron que la nueva regulación estatal ha venido a desplazar la legislación autonómica, al ser una norma básica de aplicación directa. El decreto autoriza desde el pasado 25 de junio la libertad total de horarios para los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados, que en Andalucía son el 90% de los comercios.
La Junta de Andalucía estudia las posibilidades jurídicas de mantener su regulación y, en caso contrario, baraja la impugnación de la norma estatal por conflicto de competencias.Fuentes consultadas del Ejecutivo andaluz precisaron que el decreto ley del Ejecutivo central ha venido a desplazar la legislación andaluza, al ser una norma básica de aplicación directa, que vacía de contenidos las competencias de las comunidades autónomas. La ley de Comercio Interior de Andalucía autoriza un horario semanal máximo, en días laborales, de 72 horas, y también un máximo de ocho días al año de domingos y festivos.
El decreto ley establece un mínimo de 90 horas semanales en días laborales (una media de 15 horas diarias) y el incremento anual progresivo hasta 12 días de festivos y domingos. Estas bases agotan prácticamente la capacidad de regulación de la comunidad autónoma, a la que sólo le resta margen para establecer la libertad absoluta de los horarios.
Pero aquí también se plantea un conflicto. Aunque se dice que la liberalización de horarios no será de aplicación hasta que el Gobierno central, conjuntamente con los Ejecutivos regionales, así lo decidan para sus correspondientes territorios (como prescribe la ley orgánica de 1996), no antes de 2005, se introduce una excepción. La salvedad es que los establecimientos de superficie útil inferior a 300 metros cuadrados podrán determinar los días y las horas en las que estarán abiertos al público. Esto, en la práctica, significa que desde el pasado 25 de junio el 90% de los comercios de Andalucía tienen libertad de horarios, según los datos que se desprenden de un estudio del Ministerio de Economía y Hacienda de 1999. Es decir, la excepción se convierte en Andalucía en regla general.
En consecuencia, el Gobierno andaluz opina que la nueva regulación, de hecho, ha vaciado de contenido la competencia autonómica de comercio interior, cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sostiene que las bases estatales han de permitir el pleno ejercicio de las competencias autonómicas, incorporando opciones políticas propias. Además, por la vía de la excepción (superficies inferiores a 300 metros cuadrados) se ha obviado la exigencia de que exista un acuerdo entre los dos Gobiernos para otorgar la libertad de horarios.
Las estadísticas más recientes registran unos 150.000 establecimientos minoristas en Andalucía, que emplean a más de 300.000 trabajadores y aportan el 15% del PIB de la comunidad, con un volumen de negocio de dos billones de pesetas.
En conferencia de prensa, Antonio Romero afirmó que el Gobierno central ha invadido competencias, con una norma que hace un "daño enorme" a los pequeños y medianos comerciantes. En la carta al presidente de la Junta, remitida ayer mismo, el coordinador de IU afirma que su grupo parlamentario se hace eco de la "alarma y desasosiego" de este sector y de los sindicatos, y le solicita que estudie la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en defensa del Estatuto de Autonomía.
Romero explicó que -una vez finalizado el periodo de sesiones parlamentario, que se reanudará en septiembre- únicamente el Gobierno andaluz tiene la facultad de plantear este tipo de recurso, y recordó que todos los grupos del Parlamento catalán, menos el PP, han solicitado a la Mesa de esta Cámara un dictamen del Consejo Consultivo sobre la constitucionalidad de la liberalización de horarios.
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