El Gobierno balear remite al Parlamento la ley de la ecotasa

Desdeñado por la patronal hotelera y presionado directamente por grandes empresarios turísticos locales de proyección multinacional, el Gobierno de izquierdas de las Islas Baleares remitió ayer al Parlamento su apuesta política estelar: la ley de la ecotasa. El Gobierno la aprobó después de que los hoteleros se negaran a negociar. El también denominado impuesto ecoturístico es una tasa que gravará, previsiblemente a partir del verano del año 2001, las estancias en hoteles y apartamentos de unos diez millones de turistas. El presidente balear, Francesc Antich, del PSOE, destacó ayer "la valentí...

Desdeñado por la patronal hotelera y presionado directamente por grandes empresarios turísticos locales de proyección multinacional, el Gobierno de izquierdas de las Islas Baleares remitió ayer al Parlamento su apuesta política estelar: la ley de la ecotasa. El Gobierno la aprobó después de que los hoteleros se negaran a negociar. El también denominado impuesto ecoturístico es una tasa que gravará, previsiblemente a partir del verano del año 2001, las estancias en hoteles y apartamentos de unos diez millones de turistas. El presidente balear, Francesc Antich, del PSOE, destacó ayer "la valentía de haber abierto un camino con un tema pionero e innovador" que implica la "solidaridad entre turistas y residentes".

El Ejecutivo multipartido PSOE-PSM-IU-Els Verds, que necesita el voto de Unió Mallorquina, quiere trazar un nuevo modelo del turismo balear, "respetuoso con el entorno y la identidad". El PP está en contra de la propuesta, que considera "injusta y discriminatoria", pese a que fue el primer partido que la postuló hace más de una década.

Antich considera que ha negociado con amplitud su alternativa medioambiental, a la que atribuye un notable apoyo social. El socialista mandó ayer una nueva invitación al diálogo y otro aviso a los hoteleros, que deberán ser los recaudadores directos de la nueva carga fiscal, de entre uno y dos euros por noche de estancia por turista. Los empresarios solicitaron paralizar una semana la aprobación del proyecto en aras de un posible acuerdo. El mandatario autonómico accedió a última hora, pero luego los hoteleros rechazaron todo tipo de diálogo institucional.

"El Gobierno toma nota de todos los intereses sectoriales, pero decide, en nombre del interés general, que está por encima de los sectoriales", señaló Antich, que reforzó la gestión del consejero de Turismo, el socialista Celestí Alomar, contra quien los detractores de este novedoso impuesto han lanzado diatribas y exigencias de cese. "Por bien de la Comunidad, conviene que a los consejeros los sigan designando el presidente y no un sector", dijo Antich.