Unió de Pagesos ve intereses especulativos en el plan de purines
"Si hubiera una buena gestión de los purines, más que sobrar, en algunos campos faltarían", aseguró ayer Josep Puigpelat, responsable de medio ambiente de Unió de Pagesos. El sindicato considera que las 23 plantas de tratamiento de purines (excrementos de cerdo) que prevé construir la Generalitat en los próximos años responden más a intereses empresariales del sector energético que a la voluntad de solucionar el excedente de purines que sufren 15 comarcas de Cataluña. El sindicato se opondrá a las que no considere justificadas.
Joan Caball, coordinador nacional del sindicato, asegura qu...
"Si hubiera una buena gestión de los purines, más que sobrar, en algunos campos faltarían", aseguró ayer Josep Puigpelat, responsable de medio ambiente de Unió de Pagesos. El sindicato considera que las 23 plantas de tratamiento de purines (excrementos de cerdo) que prevé construir la Generalitat en los próximos años responden más a intereses empresariales del sector energético que a la voluntad de solucionar el excedente de purines que sufren 15 comarcas de Cataluña. El sindicato se opondrá a las que no considere justificadas.
Joan Caball, coordinador nacional del sindicato, asegura que el plan dará prioridad a las inversiones especulativas, al margen del sector agrario, en lugar de adoptar medidas para equilibrar las granjas de cerdos y los campos donde sus excrementos puedan ser usados como abono. Estas plantas generan energía eléctrica consumiendo gas natural al tiempo que reducen los excrementos al 5% de masa sólida. El sindicato asegura que sólo aceptará plantas en las zonas donde un estudio técnico demuestre que el excedente es alarmante y no puede usarse en el campo.Caball reclama estudios rigurosos para determinar qué zonas de Cataluña ya no admiten más purines y prohibir en ellas tanto la instalación de nuevas granjas porcinas como la ampliación de las existentes. El coordinador de Unió de Pagesos asegura que la mayoría de las explotaciones familiares actúan con conciencia ecológica respecto a sus excedentes de purines y culpó de la mala gestión de los residuos porcinos a los inversores especulativos que se han introducido en el sector.
El coordinador de Unió de Pagesos lamenta que la contaminación del agua de boca de algunos municipios de Cataluña -Medio Ambiente cifra en 203 los pueblos que superan o se acercan al límite de nitratos tolerado- haya conducido a una cierta "criminalización" del payés. Unió de Pagesos sostiene que menos del 15% de las granjas porcinas de Cataluña está al cuidado de sus propietarios. La explotación intensiva de algunas granjas con grandes cantidades de ganado ha alterado la estructura productiva y ha puesto la responsabilidad de la gestión de los residuos en manos de empresarios que sólo se preocupan de los beneficios a corto plazo. Los residuos son para ellos un problema secundario. El sindicato teme que la construcción indiscriminada de plantas de cogeneración para tratar los purines pueda facilitar la legalización de nuevas granjas en zonas que se han considerado excedentarias.PASA A LA PÁGINA 5
Agricultores y ecologistas desconfían de la tecnología de las plantas de purines
VIENE DE LA PÁGINA 1 Unió de Pagesos reclama que la construcción de las plantas vaya acompañada de una moratoria para paralizar la instalación de nuevas explotaciones ganaderas en la misma zona. Josep Puigpelat puso un ejemplo que, en su opinión, pone en evidencia la mala planificación agraria del Gobierno catalán.
En el puerto de Tarragona están descargando barcos que transportan abono mineral para fertilizar los campos catalanes, en lugar de recurrir a los fertilizantes naturales originados en las granjas de cerdos. "Si estos excedentes tienen un buen uso generan riqueza, pero si se acumulan en exceso se convierten en residuos y acaban contaminando", indica Puigpelat.
Centrales energéticas
Las plantas de tratamiento de purines que la Generalitat prevé autorizar son en realidad centrales de producción de energía eléctrica con gas natural. Su rentabilidad reside en esta producción energética, que debe ser comprada obligatoriamente y obtiene de las arcas del Estado una bonificación de 3,76 pesetas por kilovatio hora. El negocio parece asegurado, como lo corrobora el hecho de que una decena de empresas están interesadas en la construcción de las 23 plantas previstas. Estas plantas energéticas pueden, y deben según la ley, centrifugar purines, solidificando y reduciendo su volumen.
El Grup de Defensa del Ter (GDT), el colectivo ecologista que demostró con análisis de laboratorio la contaminación de las aguas y obligó a la Generalitat a tomar medidas, ha sometido a control la única planta de este tipo que funciona actualmente en Cataluña, en Les Masies de Voltregà (Osona), y sus conclusiones no son nada halagüeñas. Además de las denuncias de los vecinos por el intenso olor que desprende la planta, en más de un año de funcionamiento no ha conseguido rebasar, a causa de problemas técnicos, el 25% de la capacidad de tratamiento de purines prevista originalmente, que es de 162.000 metros cúbicos por año.
Cada metro cúbico de purines tratado en la planta necesita una energía equivalente a 13,5 bombonas de gas butano y 90 litros de agua. Dolors Caminal, del colectivo ecologista, asegura que resulta "paradójico" que el Departamento de Medio Ambiente esté a favor de una planta que genera CO2 en la atmósfera, cuando la cumbre de Kioto alertó a los gobiernos sobre la necesidad de reducir estas emisiones. "En lugar de enfrentarse al problema con sensatez, lo que han hecho es aplicar soluciones que crearán una nueva cadena de problemas contaminantes", asegura Caminal.
Unió de Pagesos coincide con la mayoría de estas críticas y advierte que también se deberá buscar una salida para la concentración de residuos resultante del tratamiento. El sindicato agrario ya ha advertido que no aceptará que estos residuos se queden en las comarcas donde se hayan construido las plantas de cogeneración.
Teme Unió de Pagesos que una bajada del sector porcino, que actualmente representa entre el 35% y el 40% de la renta agraria de Cataluña, pueda originar el cierre de las granjas. "¿Qué haremos después con estas plantas?", pregunta Joan Caball.