La entrega de exámenes en castellano fue acordada el viernes por los rectores
El Consejo Interuniversitario de Cataluña, compuesto por los rectores de las universidades catalanas, el consejero de Universidades e Investigación de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, y el director general de Universidades, Antoni Giró, decidió el pasado viernes dar instrucciones a los tribunales de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) para que entreguen -sin otro requisito que el deseo explícito del alumno- ejemplares en lengua castellana del cuestionario del examen a quienes lo soliciten.
Mas-Colell negó ayer la noticia publicada por este periódico, según la cual la General...
El Consejo Interuniversitario de Cataluña, compuesto por los rectores de las universidades catalanas, el consejero de Universidades e Investigación de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, y el director general de Universidades, Antoni Giró, decidió el pasado viernes dar instrucciones a los tribunales de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) para que entreguen -sin otro requisito que el deseo explícito del alumno- ejemplares en lengua castellana del cuestionario del examen a quienes lo soliciten.
Mas-Colell negó ayer la noticia publicada por este periódico, según la cual la Generalitat ha cambiado su criterio, y entregará exámenes en castellano a quien lo pida. "No son ciertas" esas informaciones, dijo, y aseguró que "las normas de la selectividad este año serán idénticas a las del año pasado, es decir, no habrá ningún cambio en el proceso de selectividad respecto al idioma que se utilizará en los exámenes", según Efe. Pero la información publicada por este diario ha sido corroborada por tres personas asistentes a la citada reunión. La norma que Mas-Colell asegura que no se ha modificado no es la que imponía la entrega exclusiva de exámenes en catalán. Lo que han cambiado los rectores es la orden verbal incluida en las "instrucciones" que se dan a los tribunales de cada universidad.
"Instrucciones precisas"
A ella se refiere el Manual del usuario. Resumen para vigilantes de aula, que se entrega a los profesores cuando dice: "Si durante la celebración de la prueba un alumno tiene problemas con los enunciados debido a una escasa comprensión de la lengua catalana (...) hay que atenderlo y resolverle el problema. En caso de que esto resultara imposible, debe dirigirse al presidente del tribunal que tiene instrucciones precisas sobre el tema".
La reunión del Consejo Universitario se produjo el viernes, a dos semanas del inicio de las pruebas de las PAAU y en ella, además de este asunto -que ocupó buena parte del tiempo-, se discutieron aspectos del convenio colectivo que actualmente negocia el personal de administración y servicios (PAS) de las unbiversidades catalanas y también se habló del problema que plantea a los rectores de las universidades públicas que la inauguración oficial del próximo curso académico, por una simple cuestión nominal, corresponda celebrarla en la Universidad Ramon Llull, de carácter privado. Asimismo, la reunión precedió en pocos días al inicio del proceso judicial contra el rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Lluís Arola, precisamente por la denuncia de una profesora marginada por entregar exámenes en castellano en las pruebas de las PAAU.PASA A LA PÁGINA 6
Comienza la vista del juicio contra el rector de la Rovira i Virgili
VIENE DE LA PÁGINA 1 El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona será hoy el escenario de la primera vista oral por la exclusión de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) de la profesora de Filología de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Josefina Albert, que fue apartada, según ha denunciado, por haber facilitado ejemplares de los exámenes en castellano a dos alumnnos que se lo pidieron cuando vigilaba las aulas en junio de 1998, informa Lali Cambra. La URV se enfrenta también a un proceso de inconstitucionalidad por su reglamento de usos lingüísticos.
Albert considera injustificada la decisión de los responsables de la Universidad de apartarla de la vigilancia y corrección de estas pruebas, y no únicamente ha recurrido por la vía administrativa, sino que además ha acusado al rector de la URV, Lluís Arola, y al coordinador de las PAAU, Joan Igual, de prevaricación, por lo que el caso se verá también en un tribunal penal. Su exclusión fue decidida por la Universidad previa consulta con el comisionado para universidades.
Cambio
Desde este año la selección del profesorado que vigila y corrige las PAAU ya no corresponde a cada una de las universidades, sino al Departamento de Universidades e Investigación de la Generalitat que, tras una primera decisión negativa, rectificó e incluyó a la profesora en las pruebas. En un primer momento este departamneto filtró a la URV que no aceptaría a Albert alegando que el caso que la enfrenta al rector estaba sub iudice. La profesora había advertido que si era apartada de nuevo, presentaría querella por prevaricación contra los responsables de la Generalitat, igual que lo había hecho contra Arola.
La profesora denunció asimismo a la URV ante el Contencioso Administrativo por presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Sin embargo, el retraso en la presentación de la demanda supuso el archivo de la misma.
El juicio que se inicia hoy a las 11.00 horas analizará si las causas y el procedimiento seguido por la Universidad al excluir a la profesora estuvieron ajustados a las normativas vigentes en esta institución. Albert está asesorada por un letrado de la plataforma Convivencia Cívica Catalana, vinculada al eurodiputado del PP, Aleix Vidal-Quadras.
Albert asegura que la razón real por la que fue apartada de las PAAU fue la de haberse dirigido al Defensor del Pueblo para darle cuenta de la situación de marginación del castellano en las pruebas de selectividad. La profesora sostiene que el presidente del tribunal de corrección la exhortó a no entregar los ejemplares en castellano "bajo ningún concepto", argumentando que los alumnos tenían que irse acostumbrando a ello. Albert demanda una indemnización a la URV por los perjuicios causados por su exclusión. Los profesores universitarios cobran en torno a unas 150.000 pesetas por su trabajo en la vigilancia y corrección de las PAAU.