Las ONG quieren al preso en la calle

La sentencia del Supremo que acaba de considerar al delicuente adicto un enfermo, y por lo tanto necesitado de un tratamiento, no entra a valorar dónde debe facilitársele. En la interpretación, cada uno lleva el agua a su molino, anticipando lo que puede ser una viva polémica de multiplicarse a partir de ahora el número de sentencias con penas alternativas. Las ONG proclaman que no se puede hablar de rehabilitación si no es en libertad. Incluso desde Proyecto Hombre, que también colabora en programas penitenciarios, como el de Soto del Real. "El módulo terapéutico es algo positivo, pero transi...

La sentencia del Supremo que acaba de considerar al delicuente adicto un enfermo, y por lo tanto necesitado de un tratamiento, no entra a valorar dónde debe facilitársele. En la interpretación, cada uno lleva el agua a su molino, anticipando lo que puede ser una viva polémica de multiplicarse a partir de ahora el número de sentencias con penas alternativas. Las ONG proclaman que no se puede hablar de rehabilitación si no es en libertad. Incluso desde Proyecto Hombre, que también colabora en programas penitenciarios, como el de Soto del Real. "El módulo terapéutico es algo positivo, pero transitorio", opina el presidente de la Fundación Proyecto Hombre, Tomeu Catalá. "Lo importante no es sólo que deje la droga, sino también que se inserte en la sociedad, y eso hay que hacerlo fuera de la cárcel. Incluso económicamente es más rentable. En un centro comunitario, estos pacientes cuestan entre 1.700 y 2.800 pesetas diarias. Por los datos que tengo, en la prisión suponen de 15.000 a 18.000", asegura Catalá.En el mismo sentido se manifiesta Antonio Escobar, presidente de Unad, federación que agrupa a 300 asociaciones de atención a toxicómanos: "El proceso rehabilitador ha de producirse siempre en el mismo medio donde se cometió el delito. Esto es, en libertad". Todos los terapeutas saben que los índices de abandono de tratamientos son considerables, por lo que es obvio preguntarse qué pasaría si se amplían a una población presuntamente peligrosa. "No hay porqué pensar en que necesitaríamos más medidas de seguridad. Si no se parte de que la rehabilitación es una decisión voluntaria del propio recluso no hay nada que hacer", responde.

Manuela Carmena, probablemente la juez que más activamente ha luchado en pro de la reinserción del toxicómano, no descarta una vía penitenciaria para lograr este objetivo. "Lo que constata esta sentencia del Supremo es que la cárcel indiscriminada es un disparate", afirma. "Lo importante", prosigue, "es que tengamos claro qué queremos conseguir. Y si lo que queremos es que dejen de delinquir, hay que ir al problema, a la droga. Eso debe ser la brújula. Habrá que ver en cada caso qué tratamiento se requiere y habrá que ensayar varios modelos". Carmena no tiene ningún temor a que se desporporcione la oferta de plazas y la demanda de tratamientos de triunfar la nueva filosofía jurídica "Es falso que haya pocos recursos. En las cárceles hay un número exagerado de vigilantes, tres por preso. Y muchos de ellos son maestros o psicólogos. Podrían hacer trabajos de tutoría con los presos en lugar de tanta vigilancia. En todas las cárceles debería de haber un módulo terapéutico. Se está desaprovechando la capacidad de autogestión de los presos y de los funcionarios".

Crear módulos terapéuticos es complejo y costoso, asegura el subdirector general de Sanidad Penitenciaria, Juan Antonio López Blanco. Por ello hay tan pocos en España. Sólo 13 entre 79 prisiones. "Crearemos nuevas unidades en función de la clientela. Hoy podemos decir que hay un dispositivo suficiente en la red para dar respuesta a la demanda", dice. Otra cosa sería que al amparo de la nueva filosofía del Supremo se triplicaran las penas alternativas. Y en ese caso, López Blanco no tiene apuros en declarar que tendrían que involucrarse todas las administraciones en la provisión de plazas, fuera o dentro de las cárceles, y no sólo la penitenciaria. De momento Justicia acaba de conceder 30 millones de subvenciones para ONG que se encargan de estos tratamientos sustitutivos de la prisión, cantidad que estas instituciones critican por insuficiente.