Regantes del Guadalquivir exigen que se paralicen las ampliaciones de riego

La federación de comunidades de regantes de la cuenca del Guadalquivir salió ayer en defensa de los intereses de sus asociados tras las restricciones para agua de riego confirmadas la pasada semana por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El presidente de la federación, José Fernández, exigió a la Confederación y a la Consejería de Agricultura que "pongan fin, de una vez por todas, a las continuas ampliaciones de riego" que, según sus estimaciones, están agravando el déficit hídrico de la cuenca.

Las comunidades de regantes de la cuenca del Guadalquivir aglutinan a unos 45.00...

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La federación de comunidades de regantes de la cuenca del Guadalquivir salió ayer en defensa de los intereses de sus asociados tras las restricciones para agua de riego confirmadas la pasada semana por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El presidente de la federación, José Fernández, exigió a la Confederación y a la Consejería de Agricultura que "pongan fin, de una vez por todas, a las continuas ampliaciones de riego" que, según sus estimaciones, están agravando el déficit hídrico de la cuenca.

Las comunidades de regantes de la cuenca del Guadalquivir aglutinan a unos 45.000 agricultores que cultivan más de 250.000 hectáreas. Y en esta campaña, tan sólo podrán acceder a la mitad (3.000 metros cúbicos por hectárea) del agua del que disponen habitualmente para regar. "Nuestros regantes, en los últimos diez años, tan sólo ha podido regar cuatro con normalidad", recordó el presidente de la federación, quien lamentó que, a pesar del déficit de la cuenca (se necesitarían 500 hectómetros cúbicos más al año para cubrir todas las necesidades), "siguen poniéndose más regadíos".El secretario general de la federación, Pedro Parias, indicó que las tomas ilegales de riego pueden abastecer a unas 10.000 hectáreas y cargó contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. "Hay un evidente descontrol del dominio público del agua en la cuenca", afirmó Parias quien aseguró que la Confederación es "incapaz de poner orden".

Para avalar sus planteamientos, los dirigentes de la federación hicieron pública una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula un protocolo de 1994 en el que la Confederación, la Junta y varias asociaciones agrarias aprobaban la puesta en riego de 50.000 hectáreas del olivar. Esta decisión, sin embargo, no impedirá a estas explotaciones seguir aprovechando aguas de la cuenca en invierno, al haber legalizado su situación individualmente.

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