Todos castigados ANDRÉS ORTEGA

Estados Unidos tiene castigados o amenazados con sanciones económicas unilaterales de uno u otro tipo a más de 80 países que representan casi la mitad de la población mundial. No es sólo Washington el que las impone, sino también Estados como Massachusetts, Tejas u otros, o diversos municipios. Entiéndase por ello sanciones en un sentido amplio, desde limitaciones a la venta de algunos productos, incluidas las armas, a la total prohibición de comercio bilateral, por razones diversas que van desde las violaciones de los derechos humanos, el incumplimiento de las reglas del trabajo infantil, la ...

Estados Unidos tiene castigados o amenazados con sanciones económicas unilaterales de uno u otro tipo a más de 80 países que representan casi la mitad de la población mundial. No es sólo Washington el que las impone, sino también Estados como Massachusetts, Tejas u otros, o diversos municipios. Entiéndase por ello sanciones en un sentido amplio, desde limitaciones a la venta de algunos productos, incluidas las armas, a la total prohibición de comercio bilateral, por razones diversas que van desde las violaciones de los derechos humanos, el incumplimiento de las reglas del trabajo infantil, la persecución religiosa, la falta de democracia o la percepción de un problema de seguridad. Entre los sancionados o amenazados con sanciones en este amplio panorama figuran no sólo países como China o India y Pakistán -el mayor fracaso, pues no ha impedido su nuclearización-, sino también Suiza o aliados como Italia y Japón, según los datos proporcionados por USA Engage, una organización que en buena parte representa los intereses de empresas estadounidenses, que calcula que EEUU pierde por ello al año de 15.000 a 19.000 millones de dólares en comercio exterior no realizado y más de 200.000 empleos en lo que se ha llegado a llamar la "epidemia de sanciones" o la "curiosa cruzada".Las sanciones económicas no son algo nuevo, y su efectividad varía según las situaciones, como se reflejó en un seminario sobre La utilidad de las sanciones económicas y su impacto en las relaciones transatlánticas, organizado la semana pasada en Madrid por el Council on Foreign Relations. En algunos casos han surtido efecto, como en la Suráfrica del apartheid -donde afectó directamente a los intereses de la élite blanca-, Rodesia (hoy Zimbabue) o Indonesia, que ante la amenaza de estas medidas aceptó finalmente una fuerza internacional en Timor. Pero la fiebre sancionadora, unilateral o multilateral, ha crecido de forma espectacular en los años noventa, y sólo ahora comienza a remitir. Estados Unidos está suavizando su política hacia países archienemigos como Irán, Irak o Libia. A ello no es ajena la necesidad de aumentar la producción de petróleo para bajar su precio.

Las sanciones nacieron como instrumento de la política exterior, o incluso de la comercial. En buena parte se han ido convirtiendo -no sólo para EEUU- en un sustituto de la política exterior. Es más fácil sancionar que tomar otras medidas. Ahora bien, cuando las sanciones fracasan como ocurrió con Milosevic, puede abrirse paso la guerra. El caso de Milosevic, como el de Irak, ilustra un aspecto negativo de las sanciones, pues en estos y otros casos han servido para reforzar el liderazgo contra el que estaban dirigidas y debilitar la oposición a estos regímenes que se pretendía fomentar.

Las sanciones unilaterales carecen de legitimidad y legalidad al no ser reconocidas por otros. Es el caso de EEUU y su embargo a Cuba, con efectos que se pretende, a través de la ley Helms-Burton, que alcancen a terceros. Si las sanciones han de ganar en efectividad, también deben ser legítimas. Y prácticamente las únicas con legitimidad son las multilaterales, decididas esencialmente por el Consejo de Seguridad de la ONU. Quizás, como se ha llegado a sugerir, la Organización Mundial de Comercio (OMC) también debería involucrarse en este asunto.

El aspecto más controvertido de las sanciones es que, con el objetivo de castigar a un Gobierno o a un Estado o fomentar los derechos humanos, se hace sufrir a un pueblo. Aunque sea evidente que toda sanción tiene un coste para el que la impone y para el que la recibe, debe disminuirse el sufrimiento que causa. Por ello quizá la década de las sanciones no haya pasado en balde si algo se ha aprendido para diseñar sanciones inteligentes que reduzcan el impacto humanitario y sirvan para impulsar los derechos humanos y la democracia como el programa de "petróleo por democracia" para paliar los efectos de las restricciones en algunos municipios de la Federación Yugoslava que están regidos de forma democrática. Pero, como en la guerra, se puede caer en el espejismo de unas sanciones totalmente limpias.