Más de 800 inmigrantes solicitaron en febrero la targeta sanitaria
Un total de 808 inmigrantes solicitaron en febrero, primer mes de aplicación de la nueva Ley de Extranjería, la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) en Cataluña para poder acceder a la sanidad pública, según datos del Departamento de Sanidad. Los solicitantes se acogieron al primer supuesto de la ley, en el que se dice que es imprescindible estar empadronado en el municipio en el que se reside habitualmente para acceder a la tarjeta. Estas solicitudes se suman a las 1.982 tarjetas pedidas desde febrero de 1999 a raíz de la entrada en vigor del reconocimiento del derecho a la sanidad pública de l...
Un total de 808 inmigrantes solicitaron en febrero, primer mes de aplicación de la nueva Ley de Extranjería, la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) en Cataluña para poder acceder a la sanidad pública, según datos del Departamento de Sanidad. Los solicitantes se acogieron al primer supuesto de la ley, en el que se dice que es imprescindible estar empadronado en el municipio en el que se reside habitualmente para acceder a la tarjeta. Estas solicitudes se suman a las 1.982 tarjetas pedidas desde febrero de 1999 a raíz de la entrada en vigor del reconocimiento del derecho a la sanidad pública de los extranjeros menores sin residencia legal en Cataluña y de las mujeres embarazadas. El Departamento de Sanidad señaló que estas solicitudes siguen el mismo curso de tramitación que las del resto de los ciudadanos de Cataluña.
Nuevas necesidades
La inmigración está produciendo una realidad cada vez más diversa social y culturalmente que requiere del desarrollo de unas políticas públicas que sepan responder ante las nuevas necesidades. Éste fue el punto de partida de un seminario sobre políticas públicas de inmigración y convivencia ciudadana, dirigido a técnicos y políticos municipales.
El seminario, organizado por el Consorcio de Recursos y Documentación por la Autonomía Personal (CRID) y la fundación CIDOB (Centro de Información y Documentación Internacional en Barcelona), con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona, pretendía ser un ejercicio para conocer y analizar experiencias que se han llevado a cabo a nivel municipal en Cataluña. El seminario se celebró en 10 sesiones semanales. Ayer Núria Carrera, quinta teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Rosa Barenys, presidenta del CRID, y Josep Ribera, presidente de la fundación CIDOB presentaron las conclusiones a la prensa.
Barenys aclaró que las conclusiones "pretenden ser anotaciones que marquen las líneas generales de futuras intervenciones" e insistió en la necesidad de una política transversal que evite que Servicios Sociales se convierta en el único referente de las políticas de inmigración.También apuntó la falta de modelos de actuación más preventivos y promocionales y apostó por la implicación de la ciudadanía como un elemento clave para evitar la exclusión y lograr la cohesión social.
Carrera por su parte resaltó la importancia de lograr un consenso de todas las fuerzas políticas y sociales y aseguró que desde el Ayuntamiento están dispuestos a compartir responsabilidades con la Generalitat en materia de inmigración. Apuntó la necesidad de más recursos para las administraciones locales e insitió en que debe tratarse a los inmigrantes como al resto de los ciudadanos, sin aplicarles políticas de discriminación positiva que pudieran provocar recelos. Recordando el conflicto de El Ejido, añadió: "En Cataluña todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien".
Ribera destacó la necesidad de una información transparente y de una coordinación entre todos los sectores sociales para el bien del inmigrante, así como de políticas de integración que cuenten con la población autóctona.Los tres coincidieron en que la aprobación del reglamento de la nueva Ley de Extranjería, que compete al Gobierno, es de vital importancia.
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