Problemas en los tribunales

El proyecto del PSOE de reformar la Ley Electoral para implantar el sistema de cuotas no implica la reforma de la Constitución, según los informes que la dirección socialista ha encargado a destacados constitucionalistas.El problema jurídico radica en una supuesta contradicción entre los artículos 23, 14 y 9.2. Uno garantiza la elección por sufragio universal sin más condicionantes y los otros rechazan cualquier discriminación y la obligación de los poderes públicos para "remover los obstáculos" de la plena participación en la política.

La prevención del PSOE responde a precedentes euro...

El proyecto del PSOE de reformar la Ley Electoral para implantar el sistema de cuotas no implica la reforma de la Constitución, según los informes que la dirección socialista ha encargado a destacados constitucionalistas.El problema jurídico radica en una supuesta contradicción entre los artículos 23, 14 y 9.2. Uno garantiza la elección por sufragio universal sin más condicionantes y los otros rechazan cualquier discriminación y la obligación de los poderes públicos para "remover los obstáculos" de la plena participación en la política.

La prevención del PSOE responde a precedentes europeos. En Italia, en 1995, un Tribunal Constitucional integrado exclusivamente por hombres anuló una ley que garantizaba la presencia de un tercio de mujeres en las elecciones municipales. En Bélgica, llegaron al Parlamento en 1994 dos proyectos en favor de la discriminación positiva. El Tribunal Constitucional invalidó los artículos que penalizaban a quienes incumplieran las cuotas. Políticos belgas están preparando una reforma de la Constitución para hacer efectiva la paridad.

En Francia, el varapalo que el Consejo Constitucional propinó a una norma de 1982 que obligaba a incluir un 25% de candidatas municipales, ha motivado que para sacar adelante su revolucionaria ley de paridad hayan tenido antes que reformar la Constitución. El secretario general del PP, Javier Arenas, ha manifestado su convencimiento de que la ley francesa es inconstitucional.