Nacionalistas

Las fuerzas nacionalistas de Cataluña, Galicia y el País Vasco agrupadas en la llamada Declaración de Barcelona hicieron público ayer su compromiso de incorporar a sus respectivos programas electorales una serie de reivindicaciones compartidas. Convergència, Unió, PNV y BNG asumen un catálogo orientado al reconocimiento del carácter plurinacional del España, en su dimensión política y lingüística.El acuerdo pone el acento en las reivindicaciones concretas antes que en las declaraciones ideológicas del documento fundacional. Ya no hay, por ejemplo, apelaciones rupturistas a un marco confederal,...

Las fuerzas nacionalistas de Cataluña, Galicia y el País Vasco agrupadas en la llamada Declaración de Barcelona hicieron público ayer su compromiso de incorporar a sus respectivos programas electorales una serie de reivindicaciones compartidas. Convergència, Unió, PNV y BNG asumen un catálogo orientado al reconocimiento del carácter plurinacional del España, en su dimensión política y lingüística.El acuerdo pone el acento en las reivindicaciones concretas antes que en las declaraciones ideológicas del documento fundacional. Ya no hay, por ejemplo, apelaciones rupturistas a un marco confederal, que en su día provocaron tanta inquietud incluso en el seno de alguno de los partidos firmantes. Ahora se trata de compartir 20 reivindicaciones, unas más razonables que otras, y alguna bastante demagógica, pero planteada sin la carga rupturista inicial. Lo que se echa de menos, ahora como entonces, es la ausencia de reconocimiento de que las nacionalidades están dotadas de un autogobierno efectivo, lo que hace absurdo seguir hablando de opresión nacional; y un esfuerzo por dirigirse al conjunto de los ciudadanos, con argumentos compartibles, y no sólo a las clientelas propias.

La idea de una disputa por parcelas de soberanía, que subyace en la mayoría de los planteamientos nacionalistas, revela que no sólo los jacobinos necesitan actualizar su ideología de acuerdo con el pluralismo social y con la realidad de la Europa política en construcción. Pero es cierto que la reforma del Tribunal Constitucional y del Senado y la mejora en el sistema de participación de las comunidades en la formación de la voluntad estatal ante la Unión Europea son reivindicaciones coherentes con la lógica profunda del Estado autonómico. Por el contrario, resulta difícilmente compatible con equilibrios básicos del sistema la pretensión de convertir a los tribunales superiores de las comunidades en última instancia judicial.

Hay un cierto voluntarismo en la pretensión de un programa común aplicable a situaciones tan diferentes; por ejemplo, en el terreno lingüístico. Como también es voluntarista la idea de que puedan defender lo mismo partidos políticamente muy distantes entre sí: aliados del PP junto a otros que lo consideran el enemigo principal, autonomistas con vocación intervencionista en la política española junto a abstencionistas y soberanistas de nuevo cuño junto a ex independentistas.