Una cárcel sin permiso municipal

El Ministerio de Justicia construyó entre 1992 y 1993 la cárcel de Soto del Real, en contra de los alcaldes de toda la zona y de la Asamblea de Madrid (donde la oposición impuso al Gobierno, entonces en manos del socialista Joaquín Leguina, mociones contra la nueva prisión).Para construir el centro, el Ministerio de Justicia tuvo que acudir al artículo 244 de la entonces vigente Ley del Suelo: "La construcción y reparación de obras públicas de interés general no estarán sujetas a licencia o cualquier otro control preventivo municipal".

El Ayuntamiento de Soto del Real, cuyo alcalde lleg...

El Ministerio de Justicia construyó entre 1992 y 1993 la cárcel de Soto del Real, en contra de los alcaldes de toda la zona y de la Asamblea de Madrid (donde la oposición impuso al Gobierno, entonces en manos del socialista Joaquín Leguina, mociones contra la nueva prisión).Para construir el centro, el Ministerio de Justicia tuvo que acudir al artículo 244 de la entonces vigente Ley del Suelo: "La construcción y reparación de obras públicas de interés general no estarán sujetas a licencia o cualquier otro control preventivo municipal".

El Ayuntamiento de Soto del Real, cuyo alcalde llegó a ser detenido por la Guardia Civil por entorpecer las obras de construcción de la cárcel, cogió otro punto del mismo artículo para considerar ilegal la actuación de Justicia. Artículo 244, apartado 2: "Cuando razones de urgencia o expecional interés público lo exijan, el organo estatal o autonómico competente podrá acordar la remisión al Ayuntamiento correspondiente del proyecto de que se trate para que en el plazo de un mes notifique la conformidad o disconformidad del mismo con el planeamiento urbanístico en vigor. En caso de disconformidad, el expediente se remitirá al Consejo de Ministros, que decidirá si procede ejecutar el proyecto y ordenará la iniciación del procedimiento de moficiación o revisión del planeamiento".

Los dirigentes municipales se quejaban de que el Ministerio de Justicia ni siquiera les había remitido el último proyecto de la cárcel para que pudieran, si así lo aprobaban, iniciar el expediente de disconformidad.

El 31 de julio de 1992, el Consejo de Ministros dio su visto bueno a la obra. El Gobierno de la Comunidad aprobó la tramitación del proyecto y la cárcel se construyó sin más contratiempos, salvo varias manifestaciones, y sin licencia municipal. El grupo parlamentario popular, dirigido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, combatió el inicio de las obras porque, a su juicio, no se había hecho un informe de impacto medioambiental de una obra localizada en el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

El diputado popular Jesús Pedroche, hoy presidente de la Asamblea de Madrid, llegó a solicitar el 12 de noviembre de 1992 la reprobación del ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, por "su comportamiento prepotente" con la Comunidad y los municipios afectados por la construcción del recinto penitenciario.