El Gobierno avanza en sus negociaciones con Vitoria para retirar sus recursos sobre el concierto vasco
El Gobierno central mantendrá sus compromisos con el vasco, pero rechaza embarcarse en nuevas propuestas. Así, con este criterio, mantiene una negociación intensiva con Vitoria para retirar los recursos que en su día interpuso ante los tribunales contra las normas forales de las diputaciones vascas, como ayer confirmaron fuentes de La Moncloa y el diputado general de Vizcaya, Josu Bergara. En cualquier caso, el Ejecutivo que preside José María Aznar ha echado el freno a la pretensión vasca, suscrita por las autonomías, de participar en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
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El Gobierno central mantendrá sus compromisos con el vasco, pero rechaza embarcarse en nuevas propuestas. Así, con este criterio, mantiene una negociación intensiva con Vitoria para retirar los recursos que en su día interpuso ante los tribunales contra las normas forales de las diputaciones vascas, como ayer confirmaron fuentes de La Moncloa y el diputado general de Vizcaya, Josu Bergara. En cualquier caso, el Ejecutivo que preside José María Aznar ha echado el freno a la pretensión vasca, suscrita por las autonomías, de participar en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
En medio del conflicto frontal que mantienen el Gobierno del PP y el PNV desde el inicio de la tregua de ETA y que se ha agravado aún más tras su ruptura por parte de la banda terrorista, La Moncloa y Vitoria están cerca de alcanzar un acuerdo para que se produzca la retirada de los más de 30 recursos que el Ejecutivo central interpuso ante los tribunales contra el vasco, desde los primeros años 90, por "excederse en la aplicación del concierto económico".El propio presidente, José María Aznar, mantiene este asunto como una decisión clave en su política respecto al País Vasco y ha dado instrucciones a sus colaboradores para resolverlo. Aznar trata de mostrar ante la opinión pública de Euskadi que sus graves diferencias estratégicas con el PNV sobre el proceso de paz no van a afectar a las relaciones institucionales entre su Gobierno y el del PNV en colaboración con Eusko Alkartasuna (EA) y con el apoyo exterior de Euskal Herritarrok (EH), la marca electoral de Herri Batasuna (HB).
Con ello reitera Aznar el compromiso al que llegó con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, durante su reciente reunión en La Moncloa, así como con la cúpula empresarial vasca en el encuentro que mantuvo con ella el 24 de noviembre en Bilbao, tan sólo cinco días antes de que ETA anunciara la ruptura de su alto el fuego después de 14 meses.
Fuentes gubernamentales manifestaron ayer que "la negociación está muy avanzada" -Aznar quiere que culmine antes de las elecciones de marzo- y el diputado general de Vizcaya, Josu Bergara, lo confirmó: "Hay una negociación en la que se están intercambiando textos que hacen pensar que es posible ese acuerdo, aunque aún no se ha culminado".
El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, también reiteró ayer la voluntad del Gobierno de retirar los más de 30 recursos presentados con la pretensión de "avanzar en la normalidad política" con el vasco, en lo que interpreta un papel mediador la Diputación alavesa, gobernada por el PP desde las elecciones forales del 13 de junio de 1999. La creación de una junta arbitral el pasado verano fue un primer paso en esa dirección.
Los recursos afectan a las llamadas vacaciones fiscales y el objetivo de las conversaciones es que su retirada de los tribunales españoles suponga, a su vez, la retirada de los recursos ante el Tribunal de las Comunidades Europeas con sede en Luxemburgo.
Sin embargo, el Gobierno se ha cerrado en banda a otra propuesta institucional de Ibarretxe a Aznar: la participación de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
El Ejecutivo vasco presentó al central, el pasado verano, una proposición federalista, consensuada en principio con las restantes comunidades y en la que participaron activamente la Generalitat catalana, gobernada por CiU, y la Junta de Andalucía, por el PSOE. En una reunión en Barcelona, en septiembre, las autonomías decidieron que elegirían un representante para cada materia y que se integraría en la delegación española en los Consejos de Ministros de la UE.
La Moncloa ha determinado finalmente dar carpetazo a ese tema por no considerarlo "suficientemente madura". En ello ha pesado el temor del Ministerio de Exteriores a que sea "ingobernable" una delegación española de ese cariz ante la UE.