La defensa subraya que la ley de intervención data del franquismo

El defensor de Jesús Gil, Horacio Oliva, confirmó que presentará un recurso de reforma ante el propio juez García Castellón para que éste rectifique su decisión y, para el más que probable supuesto de que éste no surta efecto, interpondrá subsidiariamente un recurso de queja ante un tribunal de la Audiencia, aunque pasarán meses antes de que éste se vea.Oliva criticó la intervención judicial del Atlético de Madrid porque "se ha echado mano de un decreto-ley de tiempos de Franco, que se fundamenta en las Leyes fundamentales del Reino y que tiene una inconstitucionalidad sobrevenida", dijo.
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El defensor de Jesús Gil, Horacio Oliva, confirmó que presentará un recurso de reforma ante el propio juez García Castellón para que éste rectifique su decisión y, para el más que probable supuesto de que éste no surta efecto, interpondrá subsidiariamente un recurso de queja ante un tribunal de la Audiencia, aunque pasarán meses antes de que éste se vea.Oliva criticó la intervención judicial del Atlético de Madrid porque "se ha echado mano de un decreto-ley de tiempos de Franco, que se fundamenta en las Leyes fundamentales del Reino y que tiene una inconstitucionalidad sobrevenida", dijo.

El abogado de Gil, que además es catedrático de Derecho Penal, explicó que el decreto-ley de administración judicial para casos de embargo de empresas fue promulgado en 1969 para que el Estado pudiera intervenir la empresa Matesa, que protagonizó el mayor escándalo financiero del franquismo.

Oliva indicó que, desde entonces, las circunstancias "algo han debido cambiar, pues parece que la Constitución algo ha añadido al ordenamiento del país".

En su opinión, ese decreto-ley es hoy de "dudosa aplicación" porque se trata de un problema de responsabilidad civil y la aplicación de esa normativa en la actualidad puede vulnerar derechos fundamentales.

Agregó que para evitar perjuicios patrimoniales a los accionistas minoritarios del Atlético existe un seguro de caución, que cubre la diferencia entre el valor de suscripción de las acciones en 1992 y el valor actual que, según el abogado, "se ha triplicado".