La norma entrará en vigor en un mes, pero su reglamento queda pendiente
La Ley de Extranjería, aprobada ayer por la mayoría de los diputados del Congreso y que reforma la vigente desde 1985, será pasada hoy o mañana a la firma del Rey. A partir de ese momento tardará entre ocho y diez días en ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor 20 días después.La nueva ley, pese a su importancia y conflictividad, no prevé un periodo de vacatio legis, algo habitual en este tipo de normas. Cuando una ley introduce en sus artículos ese espacio de vacación legislativa modifica la regla general establecida en el Código Civil para la mayoría de las no...
La Ley de Extranjería, aprobada ayer por la mayoría de los diputados del Congreso y que reforma la vigente desde 1985, será pasada hoy o mañana a la firma del Rey. A partir de ese momento tardará entre ocho y diez días en ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor 20 días después.La nueva ley, pese a su importancia y conflictividad, no prevé un periodo de vacatio legis, algo habitual en este tipo de normas. Cuando una ley introduce en sus artículos ese espacio de vacación legislativa modifica la regla general establecida en el Código Civil para la mayoría de las normas, es decir que son aplicables justamente a los 20 días de su promulgación.
Pero esta ley no tiene esa cláusula y seguirá los criterios habituales. Es más, la última disposición afirma que entrará en vigor exactamente 20 días después de su publicación en el BOE.
El PP intentó incluir la claúsula de vacatio legis en sus enmiendas a su paso por el Senado, pero fracasó por la oposición de CiU.
La operatividad
Otro asunto es la operatividad real de la ley sin un reglamento que especifique y detalle su aplicación. Fuentes del grupo popular recordaban ayer que el PSOE tardó diez años, desde 1985 hasta 1995, en poner en marcha el vigente.
Además, los populares ya han anunciado sus intenciones de modificar la ley en la próxima legislatura. Varios de sus dirigentes advirtieron ayer de que la necesidad de cambiar una ley con la que no están de acuerdo, pese a que votaron a favor de ella hasta el último minuto y participaron en su elaboración, será sometida al examen de los ciudadanos en las próximas elecciones generales, previstas para el mes de marzo del año 2000.
El cumplimiento de este anuncio, hecho al calor de la más grave derrota parlamentaria sufrida por el Gobierno en toda la legislatura, implicaría que la modificación de la ley, en sentido restrictivo, se constituirá en una de las promesas electorales del PP.