Una más
EL PAÍS publicó el 30 de noviembre pasado un artículo, La Comunidad indemniza a 74 presos políticos de Franco. Al estar aludido en el mismo, he creído necesario hacer unas aclaraciones.Es falso que no se me conceda tal indemnización por no residir en Madrid (como dicen los funcionarios de la Comunidad), ya que, además de residir en Madrid, ha quedado documentalmente probado.
Tratando de aclarar las cosas, quiero señalar que el expediente académico que la Universidad de Madrid incoó contra mí es el más grave de toda la historia de la Universidad española: lo firmó el dictador a petición ...
EL PAÍS publicó el 30 de noviembre pasado un artículo, La Comunidad indemniza a 74 presos políticos de Franco. Al estar aludido en el mismo, he creído necesario hacer unas aclaraciones.Es falso que no se me conceda tal indemnización por no residir en Madrid (como dicen los funcionarios de la Comunidad), ya que, además de residir en Madrid, ha quedado documentalmente probado.
Tratando de aclarar las cosas, quiero señalar que el expediente académico que la Universidad de Madrid incoó contra mí es el más grave de toda la historia de la Universidad española: lo firmó el dictador a petición del ministro del ramo y del Opus Dei.
Posteriormente, esta universidad no se tomó la más mínima molestia, en aplicación de la amnistía, de tomar una resolución reparadora.
No olvidemos que es la misma universidad que, por decisión de más de 3.000 de sus catedráticos, postula la imposición real del doctorado honoris causa a don Mario Conde.
Jamás me ha sido posible trabajar en España porque la listas negras, aunque nuestro sindicalismo ignore su existencia, "haberlas haylas". Además de haber pasado cuatro años en prisión por derechos constitucionales, antaño delitos, fui víctima de una conspiración que me metió en un sumario por tráfico de drogas que me llevó a un año y tres meses de prisión preventiva, para ser liberado cuando tuve que ser absuelto por falta no sólo de pruebas, sino incluso de indicios; así era la justicia de Franco.
Llegada la democracia, reclamé indemnización por error judicial y no se me concedió al ser anteriores los hechos a la ley orgánica.
Dando el beneficio de la duda a la denegación de la indemnización, atribuible a un error funcionarial, dejé aviso a la señora Cristina Almeida, en el contestador de la Asamblea de Madrid, para que se pusiera en contacto conmigo; algo lo que no le permitió su apretada agenda.
Que reciban el dinero un grupo de senadores, diputados, concejales..., en su mayoría personas para las que poco supone ese millón concedido, contrasta con el millón denegado a una persona que, como yo, subsiste gracias a la solidaridad. Cabe preguntarse si las cosas me hubiesen ido tan mal si fuera de Rentería o militante de cierta izquierda cuyo líder no duda en hacer de limosnero mayor del Reino cuando el afectado es un juez prevaricador afín al Opus Dei.- . .