La Compañía de Jesús busca castigo para los autores
Diez años después de la masacre de seis jesuitas y dos trabajadoras de la Universidad Centroamericana (UCA) a manos de militares en El Salvador, la Compañía de Jesús busca aún espacios legales para que al menos se castigue moralmente a los autores intelectuales de los asesinatos, que, en opinión de la UCA, fueron altos cargos del Gobierno y del Ejército.Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) aseguró ayer que "se espera el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos [OEA]", d...
Diez años después de la masacre de seis jesuitas y dos trabajadoras de la Universidad Centroamericana (UCA) a manos de militares en El Salvador, la Compañía de Jesús busca aún espacios legales para que al menos se castigue moralmente a los autores intelectuales de los asesinatos, que, en opinión de la UCA, fueron altos cargos del Gobierno y del Ejército.Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) aseguró ayer que "se espera el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos [OEA]", donde se presentó el caso hace ya más de dos años. "El proceso está ahora en una etapa confidencial en la que la Comisión ha solicitado determinadas cosas al Gobierno salvadoreño", aseguró Cuéllar, quien se mostró confiado en obtener una respuesta antes del mes de febrero.
Sin embargo, Cuéllar se muestra escéptico ante tal pronunciamiento y denuncia que el sistema judicial salvadoreño sigue controlado por pequeños grupos de poder que han imposibilitado "la elección de un fiscal general de la República que pueda hacer justicia" cuya Fiscalía está acéfala desde junio pasado por falta de acuerdos en la Asamblea legislativa.
Por la matanza fueron llevados a juicio un coronel, tres oficiales y cinco soldados, pero sólo el coronel Guillermo Benavides, ex director de la Escuela Militar, y el teniente Yussy Mendoza fueron condenados a 30 años de cárcel, la pena máxima en el país.
Sin embargo, la prisión de Benavides y Mendoza se redujo a un año y medio, ya que fueron beneficiados por una amnistía que aprobó la Asamblea legislativa, dominada por la derecha -después de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla-, la cual cerró las puertas al esclarecimiento de los crímenes políticos de la guerra.