El PSOE presenta una batería de medidas para que Villalonga no cobre 'sobresueldos'

El PSOE hará pública hoy una proposición no de ley que persigue poner mayores trabas a las stock options. En ella se exigirá que la aprobación por la junta de accionistas de estos incentivos se lleve a cabo por un "quorum reforzado" y que aquellos accionistas que tengan intereses directos en la operación no ejerzan en este caso su derecho al voto.El Grupo Socialista propondrá al Congreso una batería de actuaciones para que modifique la Ley de Sociedades Anónimas en la que pide que no puedan aplicar el sistema retributivo de las opciones sobre acciones aquellas empresas que tengan...

El PSOE hará pública hoy una proposición no de ley que persigue poner mayores trabas a las stock options. En ella se exigirá que la aprobación por la junta de accionistas de estos incentivos se lleve a cabo por un "quorum reforzado" y que aquellos accionistas que tengan intereses directos en la operación no ejerzan en este caso su derecho al voto.El Grupo Socialista propondrá al Congreso una batería de actuaciones para que modifique la Ley de Sociedades Anónimas en la que pide que no puedan aplicar el sistema retributivo de las opciones sobre acciones aquellas empresas que tengan golden share (derecho de veto por parte del Gobierno); que tengan "restos monopolísticos"; que no repartan dividendo y que tengan precios regulados.

Además, propone que este tipo de incentivos no se pueda establecer en empresas que se hayan privatizado hace menos de 10 años y que los miembros del consejo de administración no puedan disfrutar de estos sobresueldos. En definitiva, medidas todas encaminadas a abortar las stock options de Telefónica.

Según el diputado Luis Martínez Noval, en el caso de esta compañía, la legislación actual impide que su presidente, Juan Villalonga, tenga opciones sobre acciones. El argumento es que el reglamento vigente de la Ley de Sociedades Anónimas, del año 1989 exige que las retribuciones de los administradores (consejeros) estén expresamente recogidas en los estatutos de la sociedad.

El portavoz socialista aseguró que este requisito no se cumple en el caso de Villalonga, por lo que no puede ejercer su derecho a las opciones. Sin embargo, el reglamento no recoge la obligación de incluir en los estatutos la remuneración de los directivos, situación a la que se puede acoger Villalonga que, además de consejero, tiene un cargo ejecutivo.

El PSOE interpreta que la enmienda aprobada anteayer en el Congreso a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2000 supone "una amnistía" para Villalonga, ya que abre la vía para que los administradores puedan tener opciones.

La enmienda dice, que "el ejercicio y la enajenación de los derechos de opción sobre las propias acciones concedidos antes del 1 de enero del 2000 a los administradores de una sociedad cotizada por la misma, en el supuesto de que no esté expresamente previsto por los estatutos sociales esta forma de remuneración, requerirá en todo caso la previa aprobación de la junta general de accionistas".

El portavoz del PP de Presupuestos, Vicente Martínez Pujalte, aseguró, por el contrario, que la enmienda persigue garantizar que esas remuneraciones tengan que ser aprobadas por la junta de accionistas, tanto si se trata de administradores de la empresa, como si sus beneficiarios son directivos. En este sentido, la modificación iría más allá de lo establecido en el reglamento de la Ley de Anónimas.

La enmienda establece por otra parte un límite de 2,5 millones de pesetas para que las stock options y cualquier otra renta irregular (generada en más de dos años) tengan la reducción del 30% a la hora de tributar en el IRPF. La medida afecta a los cobros por pensiones, premios literaros, indemnizaciones por traslado y resoluciones de contrato por mutuo acuerdo.

Esta cantidad es prácticamente imposible de alcanzar en los casos más generales de rentas irregulares, como pueden ser los de despidos o prejubilaciones. Para superar ese límite, alguien que tenga una antigüedad en la empresa de diez años, debería percibir una indemnización de más de 25 millones de pesetas para resultar perjudicado.