El Gobierno aprueba multas de dos millones por ataques de perros

El Gobierno ha aprobado su proyecto para controlar y castigar a los dueños de los perros que ataquen a otras personas, que comenzó a elaborar después de la muerte, en enero pasado, de una niña de cuatro años en Mallorca por los ataques de un dogo argentino. El proyecto, enviado ayer al Congreso, prevé la creación de un registro en los ayuntamientos y multas que podrán llegar hasta los 2,5 millones de pesetas.

El texto remitido por el Consejo de Ministros reconoce entre sus motivaciones "la inquietud social" que han generado los ataques de perros a personas en los últimos años, "lo que o...

El Gobierno ha aprobado su proyecto para controlar y castigar a los dueños de los perros que ataquen a otras personas, que comenzó a elaborar después de la muerte, en enero pasado, de una niña de cuatro años en Mallorca por los ataques de un dogo argentino. El proyecto, enviado ayer al Congreso, prevé la creación de un registro en los ayuntamientos y multas que podrán llegar hasta los 2,5 millones de pesetas.

El texto remitido por el Consejo de Ministros reconoce entre sus motivaciones "la inquietud social" que han generado los ataques de perros a personas en los últimos años, "lo que obliga" a establecer, según el Gobierno, una regulación que permita el control de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.El Consejo de Ministros reconoce la tesis esgrimida por las asociaciones de adiestradores, según la cual "no hay perro malo, sino dueño malo", pero prefiere, de todas formas, regular su tenencia, "con el fin de minimizar los riesgos de futuras molestias y ataques a seres humanos".

Licencia.

El Gobierno define a los animales peligrosos como todos aquellos ejemplares de la fauna salvaje utilizados de forma doméstica o todos aquellos perros que "tengan capacidad de causar la muerte o lesiones". No hay listas de razas peligrosas, de momento, algo que quedará para el momento en que la ley sea sancionada. Todos las personas que quieran poseer un perro de estas características deberán obtener una licencia administrativa que será otorgada por su ayuntamiento. El candidato deberá reunir los siguientes requisitos: ser mayor de edad; no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas o contra la libertad; presentar un certificado de aptitud psicológica y poseer un seguro de responsabilidad civil por daños contra terceros. Los dueños de los perros estarán obligados a comunicar al registro si el animal es vendido, regalado, si ha sido robado o si fallece. Si el animal es trasladado de una comunidad autónoma a otra por un plazo de más de tres meses, las autoridades también deberán ser avisadas. En cada comunidad autónoma se contituirá un Registro Central Informatizado, según la propuesta del Consejo de Ministros, donde se reunirá toda la información proveniente de sus ayuntamientos y que podrá ser consultado por las autoridades competentes. Todos los datos del animal a lo largo de su vida quedarán registrados en una ficha, que se cerrará con su muerte.

Adiestramiento.

"Queda prohibido el adiestramiento de animales dirigido exclusivamente a acrecentar y reforzar su agresividad", dice el primer punto del apartado sobre adiestramiento que incluye el texto hecho público ayer por el Consejo de Ministros. Los que quieran adiestrar animales para guarda y defensa deberán presentar un certificado de capacitación homologado y una lista, cada tres meses, de sus clientes. La Administración podrá solicitar, también, la esterilización obligatoria de un animal si lo considera necesario.

Sanciones.

El texto reconoce las siguientes infracciones muy graves, que serán castigadas con multas de hasta 2.500.000 pesetas: abandonar en la vía pública un perro peligroso, tener animales de este tipo sin licencia, vender un ejemplar potencialmente peligroso a alguien que carezca de licencia, adiestrar animales con finalidades prohibidas o sin el certificado de capacitación y la celebración de concursos o peleas destinados a demostrar la agresividad de los animales. Las infracciones graves (como no identificar al animal o dejarlo suelto) tendrán multas de entre 50.000 y 400.000 pesetas, mientras que para las infracciones leves las sanciones previstan oscilan entre los 25.000 y las 50.000 pesetas.